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Por Redacción YSKL
Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó la prórroga del régimen de excepción en El Salvador, vigente desde marzo de 2022.
La medida entrará en vigor el 3 de octubre y finalizará el 1 de noviembre de 2025.
El decreto aprobado por dispensa de trámites hace referencia a instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, que habilitan la adopción de medidas excepcionales en caso de peligro público o amenazas a la seguridad del Estado, “en la medida y por el tiempo estrictamente limitado a las exigencias de la situación”.
El régimen de excepción se justifica por la persistencia de un fenómeno criminal de alta magnitud que generó, según el texto, que el país tuviera una de las tasas de homicidios más altas del mundo.
La medida ha resultado en la reducción de homicidios a nivel nacional, y la captura de más de 89,500 personas vinculadas a pandillas y estructuras criminales.
Estas disposiciones permiten a las autoridades realizar detenciones masivas de presuntos pandilleros, allanamientos, incautaciones y la imputación del delito de Agrupaciones Ilícitas.
El decreto señala que estas medidas buscan limitar el margen de acción de organizaciones criminales, contrarrestar delitos graves como extorsión, homicidios y violaciones, y mantener la seguridad pública.
Liberaciones y cifras actuales
A finales de junio de 2025, más de 8,400 personas fueron liberadas tras verificaciones de inocencia, informó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.
Explicó que algunos detenidos fueron capturados fuera de sus áreas de operación y otros huyeron a países vecinos.
Sobre la tasa de homicidios, Villatoro proyecta que el cierre de 2025 será entre 1 y 1.3 por cada 100,000 habitantes, frente a 1.9 registrado en 2024.
“La diferencia y el porcentaje (…) es 44% menos que el año pasado”, agregó, destacando la información diaria que reciben los 60 mandos de delegaciones a nivel nacional.
¿En qué consiste el Régimen?
Con el decreto quedan suspendidas las garantías judiciales consagradas en la Constitución, es decir, el plazo de detención antes de presentar acusación pasa a 15 días.
Las autoridades pueden intervenir telecomunicaciones y correspondencia y se suspende el derecho de defensa, que permite a los agentes de seguridad, capturar en masa a pandilleros y presentarlos ante los tribunales en un expediente único.
Por otra parte, las autoridades pueden realizar allanamientos e incautaciones de bienes de personas que se considere tengan vinculación de pandillas.
Adicionalmente, se les imputará el delito de Agrupaciones Ilícitas.
