“Era la única manera de salvar a nuestro país”: Bukele reitera postura sobre destituciones de magistrados de 2021

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Por Redacción YSKL

El presidente, Nayib Bukele, defendió nuevamente la decisión de la Asamblea Legislativa de destituir en mayo de 2021 a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, asegurando que esa acción era necesaria para garantizar cambios en el país.

“Cuando destituimos a los jueces corruptos de nuestro país, nos enfrentamos a una fuerte reacción por parte de la llamada ‘comunidad internacional’, incluida la administración Biden. Lo hicimos de todos modos, porque era la única manera de salvar a nuestro país. Sin embargo, Estados Unidos no tiene que rendir cuentas ante nadie”, escribió el mandatario en la red social X.

Bukele retomó un mensaje publicado previamente, el 25 de febrero de 2025, dirigido hacia el magnate estadounidense Elon Musk.

“Si no se destituye a los jueces corruptos, NO SE PUEDE arreglar el país. Formarán un cártel (una dictadura judicial) y bloquearán todas las reformas, protegiendo la corrupción sistémica que los ha llevado a ocupar sus puestos”, señaló el mandatario en esa ocasión.

La CIDH admite caso sobre destituciones de magistrados

Las declaraciones del presidente surgen después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitiera el 2 de septiembre el caso relacionado con la destitución de dos magistrados de la Sala de lo Constitucional, Carlos Sergio Velásquez y Carlos Ernesto Sánchez Escobar.

Ambos fueron removidos junto a otros tres magistrados y sus suplentes el 1 de mayo de 2021.

El decreto legislativo que formalizó la destitución argumentaba que los magistrados no eran “idóneos” para ejercer el cargo, al considerar que con sus resoluciones habían violentado derechos constitucionales.

En contraste, la petición admitida por la CIDH sostiene que la medida careció de base legal y vulneró el derecho a un procedimiento previamente establecido, el principio de legalidad y la garantía de independencia judicial.

También alega que la Asamblea Legislativa actuó sin notificar previamente a los magistrados ni permitirles presentar pruebas o argumentos, lo que se interpretaría como una represalia política derivada de sus resoluciones.