Claudia Ortiz propone reducir a tres años los períodos de reserva de información y que datos públicos se divulguen antes del final de cada gobierno

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Por Redacción YSKL

La diputada del grupo parlamentario VAMOS, Claudia Ortiz, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), con el fin de limitar los períodos de reserva de información a un máximo de tres años y establecer que, un año antes de finalizar cada gestión presidencial, los datos reservados sean puestos a disposición de la ciudadanía.

Ortiz explicó que su propuesta incluye “la obligación de documentar y justificar toda reserva de información”, además de garantizar que los datos relacionados con programas públicos en áreas como salud, educación, agricultura y obras públicas estén disponibles antes del cierre de cada administración.

La diputada señaló que esta medida busca evitar que se mantenga en secreto información sobre la gestión de fondos públicos, especialmente en proyectos de interés nacional.

“Ya no más reserva de información que oculte cómo se está ocupando el dinero de la gente en temas tan importantes y sensibles como la alimentación, la educación, la salud o la agricultura”, expresó durante su intervención en la sesión plenaria.

Cuestionamientos sobre la reserva de fondos del programa de agromercados

En su exposición, Ortiz hizo referencia al programa de los agromercados, creado como medida para contrarrestar el alza de precios en la canasta básica.

Mencionó que la Asamblea Legislativa aprobó un refuerzo presupuestario de $114 millones de dólares para dicho programa y que recientemente el Ministerio de Hacienda decidió reservar toda la información relacionada con este por un período de siete años.

“Hay $114 millones de dólares que están en reserva y la población no va a poder saber qué se está haciendo con esos recursos, de dónde se están comprando los productos o quién se está beneficiando de esos contratos hasta el año 2032”, dijo Ortiz.

La pieza no fue admitida para discusión

Ortiz afirmó que el tema no es coyuntural, sino estructural, y reiteró que la transparencia debe ser un principio transversal en la administración pública.

Cabe señalar que la solicitud de incorporación de la propuesta en la sesión plenaria no contó con los votos suficientes para pasar a discusión.