De patrullar fronteras a controlar protestas: agencias federales amplían su rol en operativos migratorios de Trump

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió al poder en enero pasado con la promesa de expulsar a millones de inmigrantes indocumentados. (Imagen de archivo: 23.01.2025). Foto: Cortesía.

Por Redacción YSKL

El presidente Donald Trump ha establecido como uno de los ejes centrales de su mandato la ejecución del programa de deportación interna más grande en la historia de Estados Unidos, con el objetivo de expulsar a un millón de personas por año.

Para ello, su administración ha desplegado a diversas agencias federales, entre ellas la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Guardia Costera y la Guardia Nacional, bajo la supervisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Agentes con uniforme de camuflaje han incrementado su presencia en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Washington y Nueva York, donde se han registrado enfrentamientos con manifestantes.

El gobierno estadounidense argumenta que el objetivo es reforzar el cumplimiento de la ley migratoria, aunque expertos advierten sobre la expansión de competencias y el uso de tácticas propias de seguridad fronteriza en entornos urbanos.

Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza: del control de fronteras al patrullaje urbano

La CBP, fundada en 2003 tras los atentados del 11 de septiembre, tiene como misión “proteger al pueblo estadounidense, salvaguardar las fronteras y mejorar la prosperidad económica del país”.

Sin embargo, su papel ha evolucionado bajo la administración actual hacia la participación directa en operativos dentro de grandes ciudades.

La división de la Patrulla Fronteriza ha adquirido protagonismo con la denominada Operación Midway Blitz, que busca capturar a “criminales extranjeros ilegales en Chicago”, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Durante estos operativos, agentes que antes vigilaban la frontera o combatían el tráfico de drogas ahora custodian instalaciones federales y dispersan protestas.

“Estos oficiales no están acostumbrados a controlar disturbios civiles urbanos; tampoco están capacitados para hacerlo”, señaló el excomisionado de la CBP Gil Kerlikowske, tras denuncias por el uso excesivo de la fuerza en Los Ángeles.

La agencia también ha sido criticada por el despliegue de helicópteros Black Hawk y patrulleras fluviales en áreas urbanas, recursos que normalmente operan en fronteras. Según el exfuncionario Jason Houser, el uso de estos medios “deja vulnerables otras zonas, como la frontera norte con Canadá”.

ICE: entre las redadas laborales y las operaciones de control civil

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, creado también en 2003, mantiene dos divisiones principales: Operaciones de Cumplimiento y Deportación y Seguridad Nacional (HSI).

Tradicionalmente, HSI se ha enfocado en delitos como el tráfico de personas o el lavado de dinero; sin embargo, bajo la administración Trump, su rol se ha reorientado hacia la persecución de inmigrantes dentro del país.

“La misión principal de HSI es la aplicación de las leyes relacionadas con la entrada ilegal y la presencia no autorizada de extranjeros en Estados Unidos”, estableció el presidente en un decreto reciente.

Las operaciones se han intensificado, como lo evidencian redadas en fábricas y centros laborales. Exfuncionarios del ICE señalan que este cambio de prioridades podría reducir la atención a delitos transnacionales como el contrabando de fentanilo.

En distintas ciudades, los agentes de ICE han sido acusados de tácticas agresivas en la detención de migrantes y en el control de manifestaciones.

El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, afirmó que “ICE está causando este caos”, mientras que un legislador estatal denunció que un agente le apuntó con un arma durante una protesta.

Ante las críticas, el Departamento de Seguridad Nacional respondió que los agentes están “altamente capacitados” en el uso proporcional de la fuerza y en tácticas de desescalada.

Guardia Costera: papel de apoyo en la estrategia migratoria

La Guardia Costera, bajo control del DHS desde 2003, ha asumido un rol complementario dentro de los operativos federales.

Si bien históricamente se dedica a la seguridad marítima, en los últimos meses ha colaborado en misiones de apoyo a la CBP y el ICE en zonas costeras y bases navales.

En California, personal de la Guardia Costera disparó “de manera defensiva” contra un camión que se dirigía hacia sus instalaciones durante una protesta en la base de Alameda, según el DHS.

No hubo víctimas mortales. Posteriormente, el gobierno canceló un despliegue federal previsto en San Francisco tras reportes de mejora en la seguridad local.

Guardia Nacional: despliegues internos bajo control federal

La administración Trump ha recurrido a la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en ciudades con alta presencia de protestas o delitos. Estas fuerzas, que pueden operar bajo control estatal o federal, fueron enviadas a Chicago, Portland, Washington y Memphis.

El presidente justificó la medida afirmando que buscaba “restaurar el orden” y combatir lo que describió como “una rebelión o peligro de rebelión”. Sin embargo, jueces federales han bloqueado algunos despliegues por considerar que no existe justificación legal.

En Washington D.C., más de 2,000 miembros de la Guardia Nacional permanecen desplegados en estaciones de metro y monumentos, mientras que en Memphis colaboran con la policía local.

“No pedí la presencia de la Guardia Nacional y no creo que sea la forma de reducir la delincuencia”, dijo el alcalde Paul Young.

Una nueva configuración del control migratorio

El despliegue coordinado de estas agencias refleja una expansión del papel federal en la aplicación de la ley migratoria dentro del territorio estadounidense.

Si bien la administración argumenta que estas acciones buscan reforzar la seguridad nacional, exfuncionarios advierten sobre la creciente militarización de las operaciones migratorias.

“Es necesario que el control fronterizo sea moderno y tecnológico, pero debe llevarse a cabo en la frontera, porque ese es el punto de cruce”, señaló Doris Meissner, excomisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización.