Por Redacción YSKL
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social presentó ante la Asamblea Legislativa una solicitud de reforma a la «Ley Integral del Sistema de Pensiones«, con el fin de ampliar los plazos para realizar los pagos de la pensión de Navidad y del beneficio adicional anual que reciben los pensionados del sistema público.
El documento fue remitido a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto del órgano legislativo, con la finalidad de incorporar de manera permanente las disposiciones que se aprobaron de forma transitoria en 2025.
La reforma al artículo 97 de la Ley Integral del Sistema de Pensiones propone que la pensión de Navidad, equivalente a la mitad de la pensión en curso, sea pagadera “en el lapso comprendido entre el veinte de octubre y hasta los primeros cinco días hábiles del mes de diciembre de cada año”.
De igual forma, la modificación al artículo 153 establece que el beneficio adicional anual del Sistema de Pensiones Público también podrá otorgarse en ese mismo periodo, con un límite igual al Sueldo Anual Complementario que el Gobierno Central concede a los empleados públicos en concepto de aguinaldo.
Contexto de la solicitud
El Ministerio fundamenta la propuesta en los resultados positivos obtenidos tras la aplicación de las disposiciones especiales y transitorias aprobadas mediante el Decreto Legislativo emitido el 29 de octubre de 2025.
Dicho decreto permitió adelantar los pagos de las prestaciones a partir del 20 de octubre, con el objetivo de “generar condiciones económicas favorables para los pensionados y beneficiarios alimentarios”.
El planteamiento también guarda relación con los Decretos Legislativos aprobados el 15 de octubre de 2025, que extendieron los plazos para el pago del aguinaldo y la compensación adicional en efectivo entre el 20 de octubre y el 20 de diciembre.
Fundamentos constitucionales y objetivos
En el texto de la iniciativa se cita el artículo 50 de la Constitución, que define la seguridad social como un servicio público obligatorio destinado a garantizar una adecuada política de protección social.
El Ministerio de Trabajo argumenta que la incorporación permanente de las medidas permitirá consolidar una aplicación uniforme del beneficio para todos los pensionados, al tiempo que optimiza la coordinación entre las instituciones del sistema previsional.
De aprobarse, las reformas entrarían en vigor a partir del 1 de enero de 2026.
