Hasina, ex primera ministra de Bangladés, condenada a muerte

Por: DW

Sheikh Hasina, ex primera ministra de Bangladés, fue considerada culpable de crímenes de lesa humanidad durante la represión de las protestas de 2024. Según el fallo, la condena capital contra Hasina corresponde a su responsabilidad en el tiroteo y asesinato de seis manifestantes desarmados en Daca el 5 de agosto de 2024, uno de los episodios más graves de la represión del levantamiento estudiantil.

Sheikh Hasina, líder histórica de la Liga Awami y la primera ministra que más tiempo ha gobernado Bangladés, dejó el poder en agosto de 2024, tras un levantamiento encabezado por estudiantes y jóvenes que denunciaban abusos de las fuerzas de seguridad, corrupción y represión política. Las manifestaciones comenzaron de forma pacífica, pero pronto fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad bajo su mando, lo que forzó su dimisión el 5 de agosto y su posterior huida a la India, donde permanece desde entonces.

La ONU estimó en febrero de 2025 que unas 1.500 personas murieron durante la denominada «Revolución de julio», tras la cual asumió un Gobierno interino encabezado por el Nobel de la Paz Muhammad Yunus.

Fuerte dispositivo de seguridad

El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés, que acaba de emitir sentencia sobre la ex primera ministra, revisó cinco cargos en total, que incluían asesinato, intento de asesinato, torturas, otros actos inhumanos y la omisión deliberada de impedir abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y militantes de la Liga Awami.

«Por sus cargos hemos decidido imponerle sólo una sentencia, que es la pena de muerte», dijo el juez Golam Mortuza Mozumder, indicó en la lectura del veredicto, que fue retransmitido por la cadena de televisión de Bangladés BTV.

Antes de la condena final, el tribunal ya había impuesto a Hasina una sentencia de cadena perpetua por otro de los hechos del expediente, al considerarla responsable de incitar a la violencia, ordenar el uso de armas letales contra los estudiantes que protestaban y no tomar medidas para evitar los abusos.

La sentencia se anunció bajo un fuerte dispositivo de seguridad que involucró al Ejército, la Policía y otros cuerpos de seguridad.