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Por Redacción YSKL
La Asamblea Legislativa aprobó este martes el proyecto de Decreto de Disposiciones Especiales y Transitorias para la ejecución del “Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador”, que contará con un financiamiento total de $270 millones provenientes de dos contratos de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Los recursos provienen del préstamo inicial 9602-SV por $150 millones y del financiamiento adicional 9836-SV por $120 millones, ambos previamente suscritos y ratificados.
La normativa establece herramientas legales para facilitar la ejecución del proyecto y el manejo de los fondos.
Plan de reasentamiento involuntario
El decreto establece que el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) será la entidad ejecutora y estará a cargo de aplicar un Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI), el cual fue aprobado el 4 de agosto de 2025.
El documento legislativo señala que el plan cumple con la legislación nacional y con las normas ambientales y sociales del Banco Mundial, “particularmente la Norma EAS5”.
El PRI contempla la compensación, mitigación y el restablecimiento de las condiciones de vida de las familias que resulten afectadas por las intervenciones del proyecto, incluidas las obras previstas en el Bypass de Apopa y en los puentes de la zona norte del Área Metropolitana de San Salvador.
Atribuciones del MOPT
El decreto faculta al MOPT para suscribir “los actos, contratos, convenios, acuerdos y demás instrumentos jurídicos necesarios” para ejecutar el proyecto.
Esto incluye la adquisición de inmuebles, compensaciones y la construcción de soluciones habitacionales permanentes para las familias contempladas en el plan de reasentamiento.
Asimismo, el MOPT está autorizado para donar a FONAVIPO los inmuebles adquiridos, para que este los transfiera sin costo a las familias beneficiarias según el PRI.
Línea de financiamiento
- Contrato BIRF 9602-SV: $150 millones
- Financiamiento adicional BIRF 9836-SV: $120 millones
- Ámbitos vinculados: conectividad vial, intervenciones en infraestructura pública, resiliencia frente al cambio climático
Condiciones para la entrega de viviendas
La normativa establece una prohibición de 20 años para que las familias reasentadas transfieran o establezcan gravámenes sobre las propiedades recibidas. Además, la inscripción de los inmuebles estará exenta de derechos registrales y catastrales.
Los proyectos habitacionales derivados del PRI son declarados de interés social, lo que respalda jurídicamente la adquisición de terrenos y la posterior transferencia a las familias incluidas en el proceso de reasentamiento.
Alcance y vigencia
El decreto indica que sus disposiciones tienen carácter especial y transitorio, y que prevalecerán sobre cualquier otra ley mientras esté en ejecución el proyecto financiado por los contratos BIRF 9602-SV y 9836-SV.
La normativa entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial.
