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Por Redacción YSKL
Los principales demócratas de tres comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos solicitaron formalmente al secretario de Estado, Marco Rubio, la entrega de documentos e información sobre un presunto acuerdo con el Gobierno de El Salvador que habría permitido la deportación de personas desde Estados Unidos para su detención en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
La carta fue enviada por Gregory W. Meeks, miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores; Jamie Raskin, del Comité Judicial; y Joaquín Castro, del Subcomité del Hemisferio Occidental.
En el documento, los congresistas de la nación norteamericana piden aclarar reportes que señalan la existencia de un “quid pro quo” entre la administración estadounidense y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
Supuestas negociaciones con impacto judicial
Según el texto, los legisladores citan informes que indican que Rubio habría conversado directamente con Bukele el 13 de marzo de 2025.
En esa llamada, “según se informa”, el secretario habría ofrecido rescindir acuerdos de cooperación con informantes de alto rango de la MS-13 bajo custodia estadounidense, lo que habría impedido que estos testificaran en tribunales federales.
A cambio, el Gobierno salvadoreño habría aceptado recibir y detener a ciudadanos venezolanos y a otros deportados desde Estados Unidos.
Los congresistas señalan que esta decisión se habría tomado “a pesar de la supuesta objeción de funcionarios del Departamento de Justicia”, quienes advirtieron sobre el riesgo de afectar investigaciones en curso y el uso futuro de informantes.
Los legisladores sostienen que el Departamento de Estado no ha respondido de manera adecuada a solicitudes previas de información y recuerdan la obligación de preservar registros oficiales conforme a la legislación federal.
Preguntas formales al Departamento de Estado
En el documento, los congresistas fijan como fecha límite el 16 de enero de 2026 para recibir respuestas por escrito. Entre los puntos planteados, solicitan precisar el alcance de las gestiones diplomáticas y sus consecuencias legales.
Aspectos solicitados por los congresistas:
- Intervenciones del Departamento de Estado en procesos judiciales contra presuntos miembros de la MS-13.
- Número de informantes o detenidos trasladados a El Salvador desde enero de 2025.
- Evaluaciones de riesgo sobre posibles tratos crueles, inhumanos o degradantes.
- Garantías ofrecidas por el Gobierno salvadoreño sobre la seguridad de las personas deportadas.
- Existencia de acuerdos bilaterales o arreglos informales vinculados a estas acciones.
Los firmantes indican que la información es requerida en el marco de las funciones constitucionales de supervisión del Congreso, con el fin de determinar si el Poder Ejecutivo ha actuado conforme a la ley.
