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Por Redacción YSKL
La entrada en vigencia del uso obligatorio de la silla de retención infantil para menores de cinco años, desde el 29 de diciembre de 2025, ha abierto un debate entre usuarios y conductores de plataformas de transporte sobre quién debe garantizar este dispositivo al solicitar un viaje.
La normativa no asigna de forma expresa la obligación a uno de los dos, lo que ha derivado en criterios distintos desde el sector de seguridad vial y desde quienes prestan el servicio.
Criterio técnico: responsabilidad sujeta al prestador del servicio
La disponibilidad de la silla queda sujeta a las condiciones que establezca quien brinda el servicio de transporte, explicó a YSKL, Vanessa Rubio, directora de Movilidad y Seguridad Vial de El Salvador (MOVES).
Según indicó, los conductores están facultados para definir si aceptan o no trasladar menores cuando no cuentan con el dispositivo.
“Si ellos dan un servicio y no quieren meter a menores de edad porque no tienen la silla, es la decisión de ellos también”, señaló.
En ese escenario, agregó que “ahí le tocaría al padre de familia portar esa silla”.
Rubio precisó que la exigencia del dispositivo responde a criterios técnicos de seguridad vial, ya que los vehículos están diseñados para la estructura ósea de adultos.
“Los niños son muy pequeños; sin poner un cinturón de seguridad es muy pequeño”, explicó, al referirse a la necesidad de un sistema adicional de protección.
Función y características de la silla de retención infantil
La silla permite que el cinturón de seguridad funcione de manera adecuada para el cuerpo del menor, subrayó la vocera.
“La silla de retención infantil se hizo para proteger la vida de los pequeños”, afirmó.
También señaló que, aunque en el país no existe aún una normativa específica sobre certificaciones, en el mercado local ya se comercializan modelos certificados bajo estándares internacionales.
De acuerdo con MOVES, trasladar a un menor de cinco años sin este sistema puede derivar en una multa de $150.
En el mercado salvadoreño, el precio de las sillas oscila entre $100 y $400, según el tipo y las características.
Postura de conductores: no invertir y limitar el servicio
Desde el sector de conductores, la medida ha sido recibida con reservas. Olga Zelaya, trabajadora de una plataforma de transporte, expuso en redes sociales que no comprará una silla de retención y que optará por no trasladar menores de edad.
“La aplicación de Uber es bien clara: si la persona trae a un niño menor de 5 años, es él o ella la responsable de traer una sillita portátil”, afirmó.
Añadió que, dadas las condiciones económicas del trabajo, asumir ese gasto no es viable.
“No voy a ponerme a comprar una silla que, de 10 personas que se suben en el Uber, solo dos personas en el día tal vez llevan bebé”, dijo.
Zelaya también señaló que aceptar viajes sin el dispositivo implica un riesgo directo para el conductor.
“Es arriesgarse a que un policía nos pare, me ponga la multa a mí”, explicó, al justificar su decisión de rechazar este tipo de traslados.
Periodo de adaptación y aplicación progresiva
El uso obligatorio de sillas de retención infantil fue incorporado tras las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, aprobadas en diciembre de 2024, las cuales establecieron un plazo de un año antes de su aplicación efectiva.
Según el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, actualmente se mantiene un periodo de adaptación, enfocado en informar y concientizar, sin imposición de sanciones.
“Actualmente no se ha multado a nadie por ese motivo”, confirmó el titular del MOPT, Romeo Rodríguez, y reiteró que el enfoque inicial es preventivo, mientras la población se adecua a las nuevas disposiciones.
Marco legal y alcance de la medida
Las autoridades han reiterado que la obligatoriedad ya está vigente, aunque el control sancionatorio aún no se aplica de forma estricta.
En ese contexto, la responsabilidad práctica sobre la silla de retención infantil continúa definiéndose, en la práctica, entre las políticas internas de las plataformas, la decisión de los conductores y la disposición de los padres o responsables de los menores al momento de solicitar un viaje.
