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Por: Redacción YSKL
El Salvador no ha sido incluido en la lista de países que han perdido el beneficio para obtener la visa de inmigrante en los Estados Unidos, a pesar de que más de 50 naciones enfrentan restricciones desde este mes de enero.
El asesor migratorio Óscar Díaz explicó que la visa de inmigrante es aquella que se otorga cuando «una persona tiene una petición hecha en Estados Unidos por parte de un familiar», citando como ejemplos a esposos residentes o ciudadanos y a hijos menores o solteros. Díaz aclaró que, aunque el Departamento de Estado limitó la emisión de estos documentos para decenas de países, «en el caso de El Salvador no está incluido en esa prohibición en este momento», por lo que todos los trámites pendientes en migración o en el consulado continúan su curso.
A pesar de esta estabilidad en los procesos de visado, el asesor señaló que el segundo periodo presidencial de Donald Trump ha intensificado otras medidas de control migratorio.
Entre ellas destaca la herramienta de autodeportación a través de una aplicación móvil que «el gobierno del presidente Trump la convirtió en una herramienta para que las personas salgan voluntariamente de Estados Unidos con la promesa de que le van a pagar el boleto y que le van a dar mil dólares al momento que salga».
Según los datos proporcionados por el experto, se estima que entre 1.5 y 1.9 millones de personas ya han utilizado este mecanismo para abandonar el territorio estadounidense.
Díaz también subrayó una reducción histórica en los intentos de cruce fronterizo, informando que al cierre del año fiscal 2025 la caída de salvadoreños en la frontera fue de «más o menos del 70 por ciento» en comparación con el periodo anterior.
De cara al resto del año 2026, el asesor advirtió sobre la eliminación de beneficios para la población indocumentada, específicamente en el ámbito tributario.
El especialista detalló que «un indocumentado que declare sus impuestos ya no va a poder obtener devoluciones de dinero vía impuestos», debido a una nueva interpretación legal que establece que «todo dinero que alguien recibe de parte de una devolución de impuestos es dinero público y por lo tanto los indocumentados no pueden recibir dinero público».
