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Por: Redacción YSKL
Una jueza federal ha frenado nuevamente los intentos de la Administración de Donald Trump por desmantelar programas migratorios clave establecidos en años recientes. La magistrada Indira Talwani del Tribunal de Distrito de Boston emitió un bloqueo preliminar contra la eliminación del estatus legal de más de 8,400 migrantes que residen en el país bajo el esquema de parole de reunificación familiar. Esta decisión judicial surge tras el anuncio realizado por el Departamento de Seguridad Nacional a finales de 2025 sobre el fin de dichas protecciones legales.
La resolución emitida durante la noche del sábado impide que el Gobierno central dé por terminado el parole humanitario otorgado a familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes originarios de Cuba, Haití, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras. Estas personas habían logrado ingresar legalmente a territorio estadounidense gracias a programas que permitían a sus familiares patrocinarlos mientras esperaban la disponibilidad de una visa de inmigrante. El fallo protege la estabilidad de quienes accedieron a esta vía ordenada para evitar los cruces irregulares en la frontera.
La Administración Trump argumentó el pasado 12 de diciembre que estos programas eran incompatibles con sus prioridades de control migratorio y que se habían utilizado para permitir el ingreso de personas insuficientemente investigadas. El plan original del Ejecutivo consistía en que la cancelación definitiva entrara en vigor el 14 de enero de 2026. Sin embargo organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes presentaron una demanda colectiva alegando que la medida expondría a miles de familias a la deportación y rompería procesos legales que ya se encontraban en marcha de manera legítima.
En su análisis jurídico la jueza Talwani sostuvo que el Departamento de Seguridad Nacional encabezado por la secretaria Kristi Noem no logró justificar de manera adecuada el cambio de política migratoria. La magistrada calificó la actuación del Gobierno como arbitraria y caprichosa debido a la falta de pruebas que respaldaran los señalamientos de fraude y la ausencia de una evaluación sobre las consecuencias para los afectados. Muchos de estos migrantes ya habían tomado decisiones trascendentales como vender propiedades o abandonar empleos en sus países de origen tras recibir la autorización oficial para residir temporalmente en Estados Unidos.
Esta nueva orden judicial de mayor alcance no tiene una fecha de vencimiento fija y se mantendrá vigente hasta que exista una decisión final en los tribunales o una corte superior decida levantarla. Por ahora la medida ofrece un respiro significativo a más de 8,000 personas y sus familias al garantizar la validez de su estatus legal y sus permisos de trabajo. La decisión representa un nuevo capítulo en los desafíos judiciales que enfrenta la actual gestión en su intento por revertir las políticas de migración legal implementadas por la administración anterior.
