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Por Redacción
El Gobierno federal de Estados Unidos inició un cierre parcial la madrugada de este sábado, luego de que el Congreso no lograra aprobar a tiempo el financiamiento para varias agencias antes de la fecha límite de la medianoche del 31 de enero.
La interrupción afecta a una parte significativa de las operaciones federales, aunque otras dependencias continúan funcionando con fondos ya aprobados para el resto del año fiscal.
De acuerdo con analistas, el impacto inmediato podría ser limitado si el estancamiento se resuelve en los próximos días.
“En general, el impacto será insignificante”, señaló a CNN Rachel Snyderman, directora gerente de política económica del Bipartisan Policy Center, al explicar que varias agencias ya cuentan con financiamiento completo y que la Cámara de Representantes revisará la próxima semana el paquete de gastos aprobado por el Senado con respaldo de la Casa Blanca.
Agencias abiertas y dependencias afectadas
El cierre no es total. Permanecen operando, entre otras, los departamentos de Agricultura, Asuntos de Veteranos, Interior, Energía, Justicia y Comercio, gracias a asignaciones presupuestarias previas.
Esto permite que programas como el de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) continúen sin interrupciones, evitando retrasos en pagos como los registrados en cierres anteriores.
Sin embargo, el estancamiento sí alcanza a dependencias que representan más de tres cuartas partes del gasto discrecional federal, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Defensa, Educación, Salud y Servicios Humanos, Transporte, Estado, Trabajo y Tesoro.
Fases del cierre presupuestario
El proceso actual se desarrolla en varias etapas definidas por la legislación presupuestaria federal. Primero, la expiración del financiamiento sin una resolución continua activa el cierre.
Luego, las agencias aplican planes de contingencia para determinar qué funciones continúan y qué personal es suspendido o trabaja sin salario, mientras el Congreso negocia un acuerdo.
El punto crítico: financiamiento del DHS
El principal obstáculo para destrabar el cierre es el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional. El Senado aprobó un proyecto que financiaría a todas las agencias hasta el 30 de septiembre, excepto al DHS, que recibiría recursos solo por dos semanas.
El objetivo es dar margen para negociar reformas en sus operaciones migratorias, una exigencia de los demócratas tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis en enero durante operativos de agentes federales.
Entre las demandas planteadas figuran restricciones a patrullas móviles, cambios en órdenes de registro y arresto, ajustes en el uso de la fuerza y la obligación de que agentes de ICE utilicen cámaras corporales.
Servicios que continúan y posibles interrupciones
Las funciones consideradas esenciales siguen activas. Los pagos del Seguro Social, Medicare, Medicaid y los beneficios por desempleo no se interrumpen, según los planes de contingencia de las agencias correspondientes.
El Servicio Postal de Estados Unidos también mantiene operaciones normales al financiarse principalmente con la venta de servicios.
En el ámbito educativo, el Departamento de Educación ha indicado que podría suspender temporalmente a la mayoría de su personal, aunque mantendría la entrega de becas Pell, préstamos estudiantiles federales y fondos de programas como Título I y la Ley IDEA.
Los parques nacionales, museos Smithsonian y el Zoológico Nacional permanecerán abiertos, al haber sido financiados con antelación hasta el cierre del año fiscal.
Impacto en viajes y trabajadores federales
En el sector aéreo, los controladores de tráfico y los agentes de seguridad aeroportuaria continúan trabajando, aunque sin recibir salario durante el cierre.
El sindicato de controladores advirtió que la suspensión de personal de apoyo puede afectar la capacidad operativa. Durante el último cierre, se registraron reducciones de vuelos y retrasos en decenas de aeropuertos.
Aproximadamente el 45 % de los 2,2 millones de empleados civiles federales se verán afectados.
Más de 500.000 podrían trabajar sin paga y cerca de 480,000 serían suspendidos temporalmente.
Una ley de 2019 garantiza el pago retroactivo una vez concluido el cierre, aunque los contratistas federales no cuentan con esa protección.
Efectos económicos en el corto plazo
Los cierres del Gobierno suelen retrasar el gasto federal y reducir el consumo de los trabajadores afectados. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el cierre de 2018-2019 provocó una pérdida permanente de $ 3,000 millones en crecimiento económico.
Además, la suspensión de informes clave, como el reporte mensual de empleo, limita la evaluación del desempeño económico durante el periodo de cierre.
Mientras continúan las negociaciones, el desenlace dependerá de que la Cámara de Representantes valide la versión del Senado o alcance un acuerdo alternativo que permita restablecer plenamente las operaciones del Gobierno federal.
