Por: Redacción YSKL
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpables del delito de feminicidio agravado e impuso la pena máxima a Leonel Antonio Hernández Flores, Tomás Jiménez y Jorge Alexander Martínez Jiménez. Los hechos ocurrieron en Apopa, en febrero de 2022.
La investigación determinó que todos eran miembros del grupo terrorista Mara Salvatrucha (MS-13), que delinquía en la zona de Apopa, donde residía la víctima, a quien habían amenazado por rechazar tener una relación sentimental con Leonel Hernández, alias Demente. Además, la señalaron de tener una pareja que no pertenecía a pandillas, pero que vivía en una colonia controlada por una pandilla contraria. Por temor a que cumplieran sus amenazas, la víctima abandonó su hogar y se vio forzada a vivir en otra colonia cercana.
El 7 de febrero, la víctima llegó a la colonia San Carlos, ya que fue citada por alias Demente para discutir si le permitían regresar a su vivienda; sin embargo, al llegar al lugar, fue interceptada por dos de los pandilleros, quienes la hicieron adentrarse en la colonia.
Al ver que la víctima no regresó ni se comunicó, su pareja interpuso la denuncia por su desaparición. El cuerpo fue encontrado el 12 de febrero, escondido dentro de un pozo ubicado en el terreno de una vivienda de la colonia San Carlos. La autopsia reveló que tenía heridas de bala, heridas de arma blanca y señales de otros golpes.
Durante la vista pública, la prueba testimonial acreditó que la víctima expresó el motivo por el cual iba al lugar donde fue vista por última vez. Asimismo, Tomás Jiménez fue escuchado cuando comentaba cómo habían desaparecido a una mujer; además, mencionó los nombres y alias de quienes participaron y dónde ocultaron su cuerpo, lugar que coincidió con el punto en el que fue encontrado el cadáver.
A través del desfile probatorio, el juzgado identificó la situación de vulnerabilidad de la víctima, quien fue atacada por varios sujetos y, previamente a su muerte, sufrió violencia por parte del grupo terrorista MS-13, cuyos miembros intentaron ejercer control sobre ella, la forzaron a desplazarse de su hogar y finalmente le quitaron la vida.
Ante estos hechos, todos los imputados fueron condenados a la pena máxima de 50 años de prisión por feminicidio agravado. En el mismo caso también se procesó a Sandra María Alfaro Argueta, quien fue condenada a 15 años de cárcel por desaparición de personas, al haber participado en las actividades delictivas de los pandilleros.
