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Por: Redacción YSKL
Este miércoles, inició la audiencia de liquidación de activos dirigida contra el expresidente Elías Antonio Saca y su cónyuge, Ana Ligia Mixco Sol de Saca. El procedimiento busca hacer efectiva la responsabilidad civil impuesta tras su condena por enriquecimiento ilícito, la cual establece que el matrimonio debe reintegrar al erario público una cifra que supera los $4.4 millones de dólares.
Pese a que la sentencia fue dictada en enero de 2021, la representación fiscal confirmó que, hasta la fecha, el exjefe de Estado apenas ha efectuado un abono simbólico de $5,845.75. Ante esta mínima voluntad de pago, la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro ha intervenido para determinar con exactitud el saldo pendiente y evaluar si los bienes actualmente bajo cautela judicial son suficientes para cubrir la totalidad de la deuda patrimonial generada durante el periodo presidencial de 2004 a 2009.
El desglose de la deuda estipula que Saca González debe restituir aproximadamente $3.9 millones, mientras que la otrora primera dama tiene pendiente la devolución de más de $589,000. Estas cantidades responden a las múltiples anomalías detectadas por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que incluyen transferencias irregulares desde arcas estatales hacia cuentas particulares y empresas vinculadas al grupo radial del exmandatario. Además de la carga económica, el fallo judicial mantiene vigente la inhabilitación del expresidente para ejercer cargos públicos por un lapso de diez años.
Para saldar el monto adeudado, el Ministerio Público ha solicitado la ejecución forzosa mediante el uso de propiedades y activos financieros previamente confiscados. Recientemente, en marzo de 2026, se reportó la recuperación de 25 inmuebles y diversos productos bancarios valorados en cerca de $9.6 millones. Estos bienes, situados en zonas exclusivas de San Salvador y otros departamentos, fueron obtenidos mediante el desvío de recursos públicos a través de una red de sociedades instrumentales diseñadas para el blanqueo de capitales.
Cabe recordar que Elías Antonio Saca se convirtió en 2018 en el primer exgobernante salvadoreño en admitir su culpabilidad en una trama de corrupción que drenó $300 millones del Tesoro Nacional. Actualmente, cumple una condena unificada de diez años por los delitos de peculado y lavado de dinero, tras confesar el esquema de apropiación de fondos.
Según los cómputos de vigilancia penitenciaria, se prevé que el exmandatario finalice su pena de prisión a finales de octubre de 2026.
