Por Redacción YSKL
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició una estrategia para aislar diplomáticamente a la Corte Penal Internacional (CPI), al considerar que representa una amenaza para la soberanía estadounidense, según informó este lunes un funcionario del Departamento de Estado citado por Reuters.
De acuerdo con la agencia de noticias, la iniciativa contempla diversas medidas, entre ellas restricciones de viaje, revocación de visas, ampliación de sanciones contra funcionarios y entidades vinculadas a la CPI, así como gestiones diplomáticas para que otros países reduzcan o retiren su apoyo al tribunal.
Un funcionario del Departamento de Estado, que habló bajo condición de anonimato, señaló que el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros altos funcionarios estadounidenses impulsan una campaña para “aislar diplomáticamente a la Corte Penal Internacional y garantizar que no pueda actuar contra estadounidenses”.
Asimismo, indicó que los países que mantienen cooperación con las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, albergan presencia militar estadounidense o reciben asistencia en materia de seguridad están siendo instados a rechazar la jurisdicción de la CPI sobre funcionarios y militares de ese país.
Según Reuters, el funcionario también afirmó que las naciones que continúen respaldando a la Corte mientras reciben asistencia estadounidense “probablemente estarán sujetas a un mayor escrutinio”.
Medidas que evalúa Washington
Entre las acciones que, según Reuters, están siendo consideradas por la administración estadounidense se encuentran:
- Restricciones de viaje.
- Revocación de visas.
- Ampliación de sanciones contra la CPI y organizaciones afiliadas.
- Presión diplomática para que otros países se distancien de la Corte.
Contexto de la postura de Estados Unidos
La Corte Penal Internacional fue creada en 2002 para investigar y juzgar presuntos crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad cuando los Estados no pueden o no quieren hacerlo. Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la Corte.
Reuters recuerda que la oposición de Donald Trump a la CPI se remonta a su primer mandato y que, en 2024, tras la emisión de una orden de arresto por parte de la Corte contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, la administración estadounidense retomó medidas dirigidas contra funcionarios del tribunal.
La agencia también señala que en junio tres jueces de la CPI presentaron una demanda contra la administración Trump por las sanciones impuestas el año anterior, al considerar que dichas medidas eran ilegales.
