Por Redacción YSKL
El Tribunal Constitucional de Italia decidió remitir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la revisión de la ley L74/2025, que limita a dos generaciones la transmisión de la ciudadanía italiana por descendencia, reactivando las impugnaciones contra una normativa que afectó a millones de descendientes de italianos en el extranjero.
La decisión representa un cambio respecto a la postura adoptada en marzo, cuando el mismo tribunal confirmó la legislación y rechazó múltiples demandas que cuestionaban su constitucionalidad.
Ahora, el tribunal suspendió las impugnaciones pendientes presentadas por jueces regionales y solicitó al TJUE determinar si la norma es compatible con el derecho de la Unión Europea.
Abogados consideran que el tribunal cambió de criterio
Marco Mellone, uno de los abogados que impugna la ley, afirmó que la decisión representa “un giro de 180 grados” y sostuvo que refleja que el tribunal “cometió un error en marzo”.
Por su parte, el profesor de Derecho de la Universidad de Bolonia, Corrado Caruso, señaló que no esperaba el cambio, ya que una solicitud similar había sido rechazada previamente.
“Es un paso positivo porque significa que el tribunal tiene algunas dudas”, expresó.
La abogada Monica Restanio calificó la resolución como “la mejor noticia que podíamos recibir” y agregó que “volvieron a poner todo en juego”.
Qué establece la ley L74/2025
La normativa, aprobada en marzo de 2025, introdujo restricciones para obtener la ciudadanía italiana por descendencia.
Principales disposiciones
- Limita la transmisión de la ciudadanía a dos generaciones.
- Impide que ciudadanos italianos con doble nacionalidad residentes en el extranjero transmitan automáticamente la ciudadanía a generaciones posteriores.
- Entró en vigor sin un período de transición para quienes ya habían iniciado sus trámites.
Debate sobre el derecho europeo
Los abogados que cuestionan la ley sostienen que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que la ciudadanía no puede retirarse ni limitarse “sin previo aviso”, de forma desproporcionada o sin una evaluación individual.
Restanio señaló que la jurisprudencia europea exige “una notificación adecuada y una evaluación individual” antes de restringir derechos vinculados a la ciudadanía.
Aunque el Tribunal Constitucional italiano indicó que continúa considerando que la ley es compatible con la normativa europea, decidió trasladar el análisis al TJUE para que emita un pronunciamiento.
Próximos pasos
Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluye que la ley vulnera el derecho comunitario, la normativa podría quedar sin efecto y el Gobierno italiano tendría que elaborar una nueva legislación conforme a las disposiciones europeas.
Paralelamente, continúa otro proceso judicial relacionado con la denominada “cuestión menor”, una medida adoptada en 2024 que también restringe la ciudadanía por descendencia y cuya resolución definitiva aún está pendiente.
