Por Redacción YSKL
La Comisión Política de la Asamblea Legislativa acordó este martes emitir un dictamen favorable para que el pleno elija a los tres magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) para el período 2026-2029, luego de concluir las entrevistas de los candidatos.
El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, propuso que el dictamen fuera enviado al pleno para que este decida sobre los aspirantes que cumplen con los requisitos constitucionales y legales. La propuesta fue aprobada con ocho votos.
“Es ahí, en la sesión plenaria, donde se debe decidir sobre los candidatos que cumplen con los requisitos que exige la Constitución y la ley”, afirmó Castro durante la sesión.
El nuevo período de la CCR comenzará el 28 de agosto de 2026 y finalizará el 27 de agosto de 2029.
Tres aspirantes exponen sus propuestas
Las últimas entrevistas correspondieron a Carlos Orlando Lozano Hernández, José Luis Montalván Martínez y Salvador Alexander Segovia Robles, quienes expusieron ante la Comisión Política su experiencia profesional y las medidas que impulsarían de llegar a la institución.
Propuestas centrales de los tres candidatos:
- Carlos Orlando Lozano: atención de la mora en los expedientes, fiscalización y resolución de procesos pendientes.
- José Luis Montalván: utilización de datos, inteligencia artificial, gestión de riesgos y creación de una memoria fiscalizadora institucional.
- Salvador Alexander Segovia: transformación digital, auditorías de desempeño, diagnóstico de la mora procesal y modernización de los sistemas de auditoría.
Lozano, actual defensor público penal de la Procuraduría General de la República, destacó su trayectoria en distintas instituciones públicas y su experiencia relacionada con procesos de fiscalización de la Corte de Cuentas.
Durante su intervención señaló que una de sus prioridades sería atender la mora en los expedientes jurisdiccionales de la institución.
“Siendo una resolución positiva o negativa, debe de haber una resolución en cada uno de los expedientes. Entonces, eso es prioridad”, sostuvo.
También explicó que durante su paso por una municipalidad tuvo contacto con auditorías financieras y de gestión de la CCR, así como con los hallazgos, reparos y señalamientos derivados de esos procesos.
Montalván, quien trabaja desde hace 13 años en la Corte de Cuentas como auditor gubernamental, presentó una propuesta denominada “La fiscalización superior como fuente de inteligencia pública para el Estado”.
Su planteamiento contempla utilizar la información acumulada por la institución para mejorar la planificación de las auditorías, identificar riesgos y dar seguimiento a los resultados de la fiscalización.
“Debe de convertir el conocimiento que ya posee en una capacidad institucional permanente apoyada en análisis de datos, inteligencia artificial bajo supervisión humana y auditorías basadas en riesgos”, expuso.
El aspirante planteó tres capacidades dentro de su modelo: inteligencia institucional, inteligencia fiscalizadora e inteligencia pública. La primera estaría orientada a organizar y relacionar información de auditorías, hallazgos, recomendaciones y resoluciones; la segunda utilizaría esos antecedentes para nuevas fiscalizaciones, y la tercera buscaría identificar patrones, recurrencias y riesgos a partir de información acumulada.
Montalván también propuso herramientas para el seguimiento de recomendaciones, priorización de riesgos, análisis fiscalizador y consulta de antecedentes mediante tecnología.
En el caso de Segovia, quien acumula 12 años como auditor gubernamental de la CCR, su propuesta se centró en una transformación de los procesos de fiscalización y en la modernización tecnológica de la institución.
“No vengo a administrar un cambio, vengo a liderar una transformación”, afirmó.
Entre sus primeras medidas planteó realizar una evaluación independiente de la gestión de la Corte de Cuentas, establecer supervisión técnica durante los procesos de auditoría y desarrollar mecanismos para identificar riesgos relacionados con posibles hechos de corrupción.
También propuso un diagnóstico de los expedientes en mora, tomando en cuenta su antigüedad, estado procesal, complejidad y causas de acumulación.
En materia tecnológica, planteó actualizar el Sistema Integrado de Auditoría Gubernamental (SEAT), incorporar herramientas de análisis de datos y evaluar experiencias de otras entidades fiscalizadoras superiores.
Segovia también propuso fortalecer las auditorías de desempeño, que, según explicó, permiten evaluar no solo aspectos legales y contables, sino también los resultados y el valor público de los proyectos financiados con recursos estatales.
Mora procesal, uno de los puntos recurrentes
La situación de los expedientes pendientes en la Cámara de Segunda Instancia fue abordada por los tres aspirantes desde diferentes perspectivas.
Montalván señaló que en esa instancia existen “2,000 y pico de procesos estacionados”, mientras Segovia propuso realizar un diagnóstico para determinar las causas de la acumulación y establecer un plan extraordinario para reducirla.
Lozano, por su parte, consideró que debe existir una resolución en cada expediente, independientemente de que esta sea favorable o desfavorable.
Además de la mora, los candidatos coincidieron en plantear cambios relacionados con la tecnología, la gestión de riesgos, la fiscalización y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.
Una candidatura retirada
Antes de la jornada de entrevistas, la Comisión Política conoció la decisión de Marcela Beatriz Iraheta Alfaro de retirar su candidatura a magistrada de la CCR.
En una carta fechada el 18 de agosto, la abogada comunicó que declinaba su postulación debido a compromisos profesionales que deberá asumir próximamente.
“Compromisos y responsabilidades profesionales que debo asumir en el corto plazo y requieren mi dedicación exclusiva”, señaló en el documento.
Con su retiro, la lista de aspirantes quedó integrada por los 17 candidatos que participaron en las entrevistas realizadas por la Comisión Política.
Pleno deberá elegir a los tres magistrados
Tras concluir las entrevistas, Castro sometió a votación la emisión del dictamen favorable para que la elección sea realizada por el pleno legislativo.
“Con ocho votos a favor, queda aprobado emitir el dictamen favorable”, anunció el presidente de la Asamblea.
La elección corresponde al presidente, primer magistrado y segundo magistrado de la Corte de Cuentas, quienes ejercerán durante tres años a partir del 28 de agosto de 2026.
La decisión final corresponde a los 60 diputados que integran la Asamblea Legislativa.
