Por Redacción YSKL
La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó este viernes la aplicación de tarifas publicitarias reducidas para los comités nacionales de los partidos políticos, una decisión que podría beneficiar especialmente a los republicanos de cara a las elecciones legislativas de noviembre.
La resolución, emitida sin firma y con el voto disidente de la jueza Ketanji Brown Jackson, determinó que la impugnación contra las directrices de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) era prematura. En la práctica, mantiene vigentes las disposiciones emitidas por la agencia en marzo, que extendieron a los comités partidarios las tarifas más bajas que la legislación federal garantiza a los candidatos durante el periodo previo a una elección.
Republicanos parten con ventaja financiera
La decisión tiene un impacto desigual entre los partidos debido a la diferencia en sus recursos disponibles.
El Comité Nacional Republicano (RNC) cuenta actualmente con más de $130 millones, mientras que el Comité Nacional Demócrata (DNC) dispone de unos $9.5 millones y registra alrededor de $18 millones en deuda.
También podrían beneficiarse el Comité Nacional Republicano Senatorial y el Comité Nacional Republicano del Congreso, que llevaron el caso ante la Corte Suprema mediante una solicitud de emergencia.
Las tarifas reducidas permitirán a los partidos pagar menos por espacios de televisión y radio durante el periodo previo a las elecciones.
Según los documentos judiciales, los precios habituales pueden llegar a ser dos o tres veces superiores a las tarifas reservadas para candidatos, dependiendo del mercado.
Disputa por las tarifas publicitarias
La controversia comenzó después de que la FCC emitiera este año directrices dirigidas a las emisoras, según las cuales los comités partidarios que coordinan gastos con candidatos también podían acceder al denominado “lowest-unit cost”, es decir, el precio más bajo que una emisora cobra a cualquier anunciante por un espacio determinado durante el periodo electoral.
Los grupos republicanos argumentaron ante la Corte Suprema que ya habían presupuestado “decenas de millones de dólares” en publicidad basándose en esas directrices.
Un tribunal federal de apelaciones había determinado previamente, por mayoría dividida, que la legislación limitaba expresamente las tarifas reducidas a los candidatos.
A partir de esa decisión, algunas emisoras comenzaron a retirar los precios preferenciales.
La Corte Suprema señaló que esa situación podía perjudicar los esfuerzos de los comités partidarios para llegar a los votantes antes de las elecciones.
“Las anulaciones actuales y futuras obligarán a los comités partidarios a pagar más por el espacio publicitario”, sostuvo el tribunal, al considerar que el perjuicio podía afectar sus derechos de la Primera Enmienda.
Cuatro candidatos demócratas impugnan la medida
La demanda contra las directrices de la FCC fue presentada por cuatro candidatos demócratas:
- Kristen McDonald Rivet, representante de Michigan.
- Sherrod Brown, exsenador de Ohio.
- Jon Ossoff, senador de Georgia.
- Roy Cooper, exgobernador de Carolina del Norte.
Los comités de campaña republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado intervinieron en el proceso para defender las directrices.
La administración de Donald Trump también respaldó a los grupos republicanos ante la Corte Suprema.
El Departamento de Justicia sostuvo que la medida no perjudicaba específicamente a los candidatos demócratas, debido a que las tarifas se aplican de manera general a los partidos.
Resolución llega al inicio del periodo de tarifas electorales
La decisión fue emitida el mismo día en que entraron en vigor las tarifas publicitarias más bajas previstas por la legislación, 60 días antes de las elecciones de noviembre.
El fallo se relaciona además con otra decisión de la Corte Suprema emitida este verano, cuando su mayoría conservadora, por 6 votos contra 3, anuló límites de larga data sobre la coordinación entre los partidos políticos y sus candidatos federales.
En ese caso, el tribunal determinó que las restricciones vigentes desde la década de 1970 sobre el gasto coordinado de los partidos violaban la Primera Enmienda.
