Por Redacción YSKL
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió este lunes dictamen favorable a la iniciativa que busca autorizar al Órgano Ejecutivo a suscribir un contrato de préstamo por hasta $75 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF), para financiar el equipamiento del Centro de Maternidad Nacer con Cariño “El Nido” y ampliar la Red Nido hacia las zonas occidental y oriental del país.
Durante la sesión de trabajo, el director general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, explicó que el financiamiento busca fortalecer el modelo de atención materno-infantil establecido bajo la Ley Nacer con Cariño.
“Esto busca fortalecer la red materno-infantil conocida como El Nido”, señaló Herrera, al explicar que los recursos también permitirán descentralizar este modelo de atención hacia Santa Ana y San Miguel.
Préstamo tendría un plazo de 18 años
El financiamiento planteado con CAF sería por hasta $75 millones, con un plazo de 18 años y un periodo de gracia de 54 meses. Los pagos de la deuda serían semestrales.
La operación contempla una tasa de referencia de seis meses más un margen anual de 1.80%, de acuerdo con las condiciones señaladas por Hacienda y la normativa vigente de CAF.
El proyecto también contempla gastos relacionados con la administración del programa, supervisión, consultorías, permisos y factibilidades.
Intervenciones en San Salvador, Santa Ana y San Miguel
Los recursos complementarían las obras que ya se ejecutan en el área metropolitana de San Salvador con financiamiento del Banco Mundial y permitirían ampliar el modelo hacia otras regiones.
Las principales intervenciones contempladas son:
- Centro de Maternidad Nacer con Cariño “El Nido”, como nodo central de la red.
- Hospital Nacional de San Juan de Dios de Santa Ana, como nodo regional para atender la zona occidental.
- Hospital Nacional de San Juan de San Miguel, como nodo regional para la zona oriental.
En Santa Ana, la intervención abarcaría aproximadamente 1,461 metros cuadrados e incluiría seis unidades de trabajo de parto, cuatro islas neonatales, dos quirófanos obstétricos y cinco salas de alojamiento conjunto, con un total de 20 plazas.
En San Miguel, la intervención comprendería aproximadamente 1,960 metros cuadrados, con seis unidades de trabajo de parto, tres islas neonatales, dos quirófanos obstétricos y cinco salas de alojamiento conjunto, también con capacidad de 20 plazas.
Equipamiento para atención materna y neonatal
Herrera explicó que el proyecto incluye la adquisición e instalación de equipo médico, clínico, tecnológico y mobiliario para fortalecer la atención de las mujeres embarazadas y los recién nacidos.
Entre los equipos contemplados se encuentran:
- Monitores fetales y equipos para control prenatal.
- Equipos de ultrasonografía.
- Equipamiento para salas de parto y recuperación.
- Equipos para quirófanos obstétricos y atención de emergencias.
- Incubadoras y cunas térmicas.
- Equipamiento para neonatología y unidades de cuidados intensivos neonatales.
- Instrumental médico y mobiliario clínico y no clínico.
- Sistemas de soporte necesarios para el funcionamiento de los establecimientos.
El componente también contempla la conformación de una unidad gestora del programa y la realización de una auditoría externa.
Descentralización de los servicios materno-infantiles
Según Hacienda, la ampliación de la Red Nido permitirá extender la atención especializada a los departamentos de la zona occidental y oriental.
En el occidente, el nodo de Santa Ana atendería no solo a la población de ese departamento, sino también a usuarios de Sonsonate y Ahuachapán. En el oriente, el nodo de San Miguel cubriría la demanda de San Miguel, Usulután, La Unión y Morazán.
Herrera señaló que el objetivo es “fortalecer la capacidad resolutiva del Sistema de Salud Materno Infantil” y ampliar la cobertura mediante nodos regionales.
La iniciativa deberá continuar con el proceso legislativo correspondiente para autorizar la suscripción del contrato de préstamo con CAF.
Una vez suscrito, el acuerdo deberá ser sometido nuevamente a la Asamblea Legislativa para su aprobación y validez.
