Por Redacción YSKL
Con 60 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves la ratificación del acuerdo suscrito entre El Salvador y Estados Unidos para el funcionamiento del Programa del Cuerpo de Paz en el país. El convenio sustituirá el instrumento bilateral vigente desde 1961 y permitirá establecer una nueva etapa de cooperación.
La iniciativa había recibido dictamen favorable de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, donde los diputados conocieron los alcances del acuerdo de parte de Lisandro Landaverde, jefe del Departamento de Negociaciones y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Durante su intervención, Landaverde explicó que el convenio busca habilitar una tercera etapa de presencia del Cuerpo de Paz en El Salvador, luego de dos períodos anteriores.
“El acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos y nuestro país sobre el programa de Cuerpo de Paz en El Salvador es un acuerdo histórico que data desde 1961”, señaló.
Tres etapas de presencia del Cuerpo de Paz
El programa inició sus actividades en El Salvador en 1962 y permaneció hasta 1980, cuando se retiró debido al conflicto armado.
Posteriormente, después de los Acuerdos de Paz, los voluntarios estadounidenses regresaron al país para una segunda etapa de cooperación, que se extendió hasta 2016. Ese año, el programa volvió a retirarse debido a las condiciones de violencia.
El acuerdo suscrito en 2023 plantea una nueva etapa de trabajo.
“Hay una nueva tercera etapa. Y esta nueva tercera etapa, pues, esperamos ya estarla iniciando”, afirmó Landaverde.
Etapas del programa en El Salvador
- 1962-1980: primera etapa, interrumpida por el conflicto armado.
- Segunda etapa: retorno del programa después de los Acuerdos de Paz, hasta 2016.
- Nueva etapa: prevista a partir del acuerdo suscrito en septiembre de 2023.
Agricultura, educación y salud entre las posibles áreas
Landaverde explicó que todavía no se han definido los sectores específicos que tendrán prioridad en esta nueva etapa. Entre las áreas que podrían recibir apoyo mencionó agricultura, educación, salud, liderazgo, medio ambiente y desarrollo de la juventud.
“Exactamente no sabemos cuáles se van a enfocar primero”, aclaró, al señalar que previamente deberán realizarse estudios para determinar las áreas de trabajo.
El funcionario explicó que los voluntarios serían capacitados para trabajar con comunidades e instituciones locales, con el objetivo de fortalecer capacidades existentes.
“El beneficio esperado es ese: poder impulsar, capacitar, desarrollar y potenciar estas capacidades en los diferentes sectores comunitarios”, sostuvo.
No fijan una contrapartida económica
Durante la discusión en comisión, Landaverde también explicó que el convenio no establece una contrapartida económica específica que deba entregar el Gobierno salvadoreño.
“No hay una contrapartida como tal”, afirmó.
El instrumento sí contempla disposiciones tributarias y aduaneras relacionadas con las actividades del programa. Entre ellas se encuentra la posibilidad de aplicar exenciones a determinados impuestos vinculados con proyectos o implementos importados para su ejecución.
“Se esté solicitando la ratificación para poder exonerar de algunos impuestos que realicen, de proyectos que realicen o de implementos que se importen para la realización de los proyectos”, detalló.
Los aspectos financieros y las condiciones específicas de cada proyecto deberán definirse conforme avance la implementación del programa.
Nuevo acuerdo sustituirá al de 1961
El convenio aprobado consta de 10 artículos y regula aspectos relacionados con la supervisión, capacitación y protección de los voluntarios, así como disposiciones administrativas, migratorias, tributarias y aduaneras.
El documento fue firmado en San Salvador el 7 de septiembre de 2023 por Carol Spahn, entonces directora del Cuerpo de Paz, y Alexandra Hill Tinoco, entonces ministra de Relaciones Exteriores.
El acuerdo entrará en vigor una vez que ambos gobiernos intercambien las notificaciones que acrediten la finalización de sus respectivos procedimientos internos.
El instrumento no establece una fecha fija de vencimiento. Cualquiera de los dos gobiernos podrá denunciarlo mediante una notificación escrita, y la terminación tendrá efecto 90 días después de dicha comunicación.
