Por: Redacción YSKL
El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT), presentó el miércoles a la Asamblea Legislativa una propuesta de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El proyecto busca tipificar las causas para retiros de automotores cuando estos no cumplan con las condiciones de seguridad.
En el marco actual, las inspecciones técnicas dependían casi por completo de talleres concesionados sin un control directo estatal. Frente a este vacío, según la iniciativa, la reforma adiciona un inciso segundo al artículo 14, facultando al Gobierno para intervenir de forma directa: “El Viceministerio de Transporte podrá habilitar y administrar sus instalaciones como puntos oficiales para la realización de la Revisión Técnica Vehicular (RTV) de los vehículos automotores”. De esta manera, el Estado operará centros propios sujetos a tarifas oficiales para evaluar preventivamente fallas mecánicas.
El cambio mayor se concentra en el artículo 118, el Agente de la Policía Nacional Civil destacado en la zona de un percance vial, ordenará como medida urgente, la remisión del vehículo, decomiso de la licencia de conducir automotor, tarjeta de circulación de vehículos y placas, enumerando diez causales precisas. Una de ellas, ordenando decomisar el vehículo al conducir “con presencia de alcohol en la sangre o en el aire espirado, cualquiera que sea su concentración o bajo la influencia de drogas, sustancias estupefacientes, psicotrópicas o psicoactivas”. Cualquier nivel detectable ameritará la remisión inmediata, permitiendo no obstante la entrega del automóvil a un tercero autorizado o al propietario no infractor, señala la propuesta del MOPT.
Por otro lado, incluye el decomiso obligatorio de unidades de transporte colectivo o unidades de carga de más de ocho toneladas que “presenten neumáticos en condiciones de desgaste, luces delanteras y traseras, direccionales y de emergencia, que comprometan la seguridad vial”. Además, el infractor deberá costear de su propio bolsillo los servicios de grúa, parqueo y custodia que fije la Dirección General de Tránsito.
Para recuperar la licencia retirada por intoxicación, el conductor deberá cursar una “Jornada de sensibilización sobre los riesgos y consecuencias de conducir habiendo consumido bebidas alcohólicas y otras drogas”, con cinco horas de duración y tarifa de veinte dólares. En caso de reincidencia, la exigencia aumentará a un “Curso especializado sobre las causas y consecuencias del abuso de alcohol y otras drogas” de doce horas y costo de treinta dólares, impartidos obligatoriamente en las zonas occidental, central y oriental.
Finalmente, la propuesta resuelve una limitante operacional al intercalar el artículo 118-A. En la actualidad, los gestores de tránsito no están facultados para retirar vehículos, no sin acompañamiento policial. Con la reforma, “el Inspector o Gestor de Tránsito del Viceministerio de Transporte, podrá ordenar la retención administrativa de vehículos y de los documentos en los casos previstos en el artículo 118”, remitiéndolos a predios estatales si la anomalía no se subsana in situ.
