Por Redacción YSKL
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó un presupuesto de $95.3 millones para el ejercicio fiscal de 2027, durante su presentación ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Los fondos estarían destinados al funcionamiento institucional, la investigación del delito, la atención a víctimas, la modernización tecnológica, la defensa jurídica del Estado y el despliegue de fiscales durante las elecciones del próximo año.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, explicó que la petición busca mantener las operaciones de la institución y financiar proyectos para mejorar la gestión de casos y reducir la mora fiscal. La solicitud fue expuesta en el marco del estudio legislativo del proyecto de presupuesto para 2027.
“Los $95.3 millones que solicitamos son para sostener esos resultados, atender a las víctimas y garantizar la legalidad de las elecciones de 2027”, afirmó Delgado.
Modernización tecnológica y atención a víctimas
Entre los componentes de la solicitud, la Fiscalía destacó recursos para continuar la segunda fase de dos proyectos tecnológicos: la recepción inteligente de denuncias y la plataforma “Integra”.
El primero busca priorizar las denuncias urgentes desde su recepción y orientar a los usuarios hacia la institución competente. Según Delgado, esto permitiría que los fiscales dediquen más tiempo a investigar, revisar expedientes y atender a las víctimas.
“Integra”, por su parte, pretende centralizar el registro y seguimiento de los casos penales desde su apertura hasta su resolución. La plataforma incorporaría funciones para la gestión de expedientes, la cadena de custodia de evidencias y el análisis criminal, además de establecer conexiones seguras con otras instituciones públicas.
La FGR también prevé extender en 2027 su modelo de atención psicosocial a las oficinas fiscales de Sonsonate y San Vicente. Con ambas incorporaciones, serían cinco las sedes que ofrecerían este servicio a víctimas en condición de vulnerabilidad, según lo expuesto por el fiscal.
Formación especializada y proyectos de infraestructura
La solicitud presupuestaria contempla recursos para el funcionamiento del Instituto de Especialización de Educación Superior de la Fiscalía, que ofrecerá su primer programa académico: una Maestría en Investigación Criminal.
De acuerdo con Delgado, el programa busca que los fiscales auxiliares acrediten su experiencia mediante un grado académico y fortalezcan sus capacidades para investigar casos complejos.
En infraestructura, la institución informó que se encuentra en la etapa de preinversión de cuatro proyectos financiados mediante recursos autorizados por el Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión (FOSEP). Estos comprenden:
- Diseño de la Oficina Fiscal de San Miguel.
- Diseño de la Oficina Fiscal de Ahuachapán.
- Diseño de la Oficina Fiscal de La Unión.
- Rehabilitación y equipamiento del edificio de la FGR ubicado en el Centro de Gobierno.
El fiscal indicó que estos proyectos permitirían ampliar la cobertura territorial y mejorar las instalaciones destinadas a la atención de la población.
Despliegue fiscal para las elecciones de 2027
Otro de los componentes mencionados por Delgado corresponde a los recursos para desplegar fiscales en centros de votación dentro del país y en el exterior donde exista una mayor presencia de salvadoreños.
El personal tendrá como funciones vigilar la legalidad del proceso electoral y garantizar la custodia de las actas de cierre y escrutinio de las juntas receptoras de votos.
El titular de la FGR señaló que se trata de un gasto vinculado al año electoral y que, por tanto, no es de carácter permanente.
Defensa jurídica y recuperación de fondos para el Estado
La Fiscalía también justificó la necesidad de contar con recursos para representar al Estado en litigios y procesos arbitrales.
Delgado afirmó que la institución ha recuperado $113 millones mediante acciones relacionadas con la mora y las obligaciones pendientes, y que ha evitado que el Estado pague más de $11 millones en arbitrajes iniciados en su contra.
El fiscal sostuvo que mantener equipos jurídicos suficientes permite reducir los riesgos de fallos desfavorables y que parte de los recursos invertidos en la defensa estatal puede recuperarse mediante el pago de costas procesales.
Fiscalía reporta reducción de la mora acumulada
Durante su presentación, Delgado expuso cifras de gestión correspondientes al período comprendido entre el 2 de mayo de 2021 y el 16 de octubre de 2026.
Según los datos proporcionados por la institución, la Fiscalía recibió más de 573,000 denuncias y atendió a más de 567,000 víctimas. También reportó 607,543 casos resueltos y 68,761 condenas, frente a 12,974 absoluciones.
El funcionario afirmó que el 84 % de los casos que llegaron a sentencia durante el período terminó en condena.
En cuanto a los expedientes pendientes que la institución tenía al inicio de su gestión, la FGR informó que la cifra pasó de 176,726 a 21,135, lo que representa una reducción del 88 % de esa carga heredada.
La institución también presentó la evolución de su tasa de resolución de casos:
- 2021: 86 casos resueltos por cada 100 iniciados.
- 2022: 116 por cada 100.
- 2023: 102 por cada 100.
- 2024: 101 por cada 100.
- 2025: 109 por cada 100.
- 2026: 118 por cada 100.
Según la explicación de la Fiscalía, una tasa superior a 100 significa que la institución resuelve más casos de los que ingresan en el período, lo que permite reducir expedientes acumulados de años anteriores. Delgado atribuyó la evolución a la incorporación de tecnología y al fortalecimiento del personal.
Condenas reportadas bajo el régimen de excepción
La FGR también presentó cifras sobre los procesos judiciales contra miembros de pandillas en el marco del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
Al 16 de octubre de 2026, la institución reportó 10,561 sentencias condenatorias: 7,765 relacionadas con integrantes de la MS-13; 1,791 con la Pandilla 18 Sureños; 725 con la Pandilla 18 Revolucionarios; y 280 correspondientes a otras estructuras y agrupaciones, según el desglose proporcionado.
La Fiscalía informó, además, 244 absoluciones y 10 sobreseimientos. Delgado señaló que el 98 % de los imputados que llegaron a sentencia en estos procesos recibió una condena y aclaró que las cifras corresponden a casos que alcanzaron la etapa de juicio o vista pública.
Sobre las penas impuestas, los datos institucionales indican que 7,811 condenados recibieron penas de entre 15 y 45 años de prisión. La FGR también reportó 62 condenas superiores a 75 años y 13 de prisión perpetua.
Estas últimas cifras fueron presentadas en el contexto de las reformas legales aprobadas en marzo de 2026 para incorporar la prisión perpetua en determinados delitos, luego de la ratificación de la reforma constitucional correspondiente.
La solicitud de $95.3 millones para 2027 queda en el marco del estudio legislativo del presupuesto, mientras la Comisión de Hacienda analiza las asignaciones propuestas para las instituciones del Estado.
