Por Redacción YSKL
Una jueza federal de California ordenó al Gobierno del presidente Donald Trump detener las amenazas de presentar cargos penales contra funcionarios electorales estatales y locales por sus actuaciones en el procesamiento de votos, en medio de las disputas sobre la presunta participación de personas no ciudadanas en las elecciones de Estados Unidos.
La jueza Trina Thompson determinó que el Departamento de Justicia (DOJ) debe cesar las acciones dirigidas a presionar a los funcionarios para que separen o dejen de procesar determinadas papeletas que la administración Trump considera que podrían pertenecer a personas sin ciudadanía estadounidense.
La resolución se produce días antes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, en las que se definirá qué partido controlará el Congreso durante los últimos dos años del mandato presidencial de Trump.
Disputa por 20,000 votos en California
A principios de octubre, el Departamento de Justicia envió cartas a la secretaria de Estado de California y al registrador del condado de Los Ángeles para exigir que apartaran las papeletas de unos 20,000 votantes registrados que, según la administración, probablemente no eran ciudadanos estadounidenses.
Una semana después, funcionarios armados del Departamento de Seguridad Nacional entregaron comunicaciones a autoridades y empleados electorales de distintos condados, en las que advertían sobre posibles cargos penales si no separaban esos votos.
Los funcionarios electorales argumentaron que no podían cumplir las exigencias porque estaban obligados a respetar los procedimientos establecidos en las leyes estatales y federales.
Además, el Departamento de Justicia habría iniciado una investigación penal contra funcionarios electorales de condados y emitido citaciones ante un gran jurado federal.
Organizaciones de derechos civiles y sindicatos que representan a trabajadores electorales presentaron una demanda contra el Gobierno, al considerar que las actuaciones del Departamento de Justicia interferían con sus responsabilidades en la administración de los comicios.
En su resolución, Thompson señaló que las medidas podrían afectar el derecho al voto de ciudadanos habilitados.
“Aunque los demandados afirman que sus acciones están diseñadas para detener el voto ilegal de personas no ciudadanas, es probable que sus acciones tengan el efecto de interferir con la administración electoral y privar del derecho al voto a electores legítimos”, escribió la jueza.
La orden también menciona una carta similar enviada por el Departamento de Justicia al estado de Washington, en la que exigía detener el procesamiento de papeletas de personas señaladas como posibles votantes no ciudadanos.
Trump criticó el fallo el sábado en su red Truth Social y cuestionó: “¿Por qué rechazarían corregir el fraude electoral?”.
Investigaciones señalan que el voto ilegal de no ciudadanos es poco frecuente
Las acusaciones de fraude electoral han sido una constante en los pronunciamientos de Trump, quien sostiene que existe una participación generalizada de personas no ciudadanas en las elecciones y que el voto por correo facilita irregularidades.
Sin embargo, investigaciones y registros de condenas muestran que los casos comprobados son poco frecuentes.
Según BBC Verify, la base de datos de la Fundación Heritage identificó 24 casos de personas no ciudadanas condenadas por votar entre 2005 y 2025.
Un análisis de Reuters publicado en 2026 encontró que, durante los últimos 30 años, 129 personas fueron acusadas penalmente en tribunales federales por votar sin ser ciudadanas estadounidenses. De esos casos, 73 terminaron en condenas.
Por su parte, un estudio del Instituto Brookings sobre las elecciones de 2016, 2018, 2020 y 2022 calculó un promedio de aproximadamente cuatro casos de fraude por cada 10 millones de votos emitidos por correo.
Trump busca modificar las reglas electorales
El presidente también ha promovido cambios en los requisitos para votar, entre ellos la exigencia de presentar una identificación oficial con fotografía y pruebas de ciudadanía al momento de registrarse.
Trump firmó el año pasado una orden ejecutiva para que el Servicio Postal de Estados Unidos entregara papeletas únicamente a votantes incluidos en listas de ciudadanos elaboradas por agencias gubernamentales. La medida también buscaba establecer un formato uniforme para los sobres de votación por correo.
Sin embargo, la Corte Suprema rechazó esos cambios por considerar que su implementación tan cerca de las elecciones de medio término era arbitraria.
La administración también ha impulsado el uso de la base de datos federal SAVE para identificar a personas que podrían no tener ciudadanía y depurar los registros electorales. Sus críticos advierten que la información puede estar desactualizada y señalar erróneamente a ciudadanos que adquirieron la nacionalidad estadounidense.
En Georgia, una revisión identificó a 432 posibles personas no ciudadanas inscritas en los registros electorales durante un periodo de 30 años. En Nevada, una lista de 185 nombres proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional fue revisada por las autoridades estatales, que determinaron que todas las personas identificadas eran ciudadanas.
En Nueva Jersey, un fallo informático registró a unos 6,600 no ciudadanos para votar entre junio de 2023 y junio de 2024. Las autoridades estatales señalaron que menos de 400 llegaron a emitir votos y que todos fueron retirados posteriormente del sistema.
En el caso de California, el Departamento de Justicia informó que presentó cargos contra 28 personas de las aproximadamente 20,000 cuyos votos solicitó apartar. La petición de excluir esas papeletas fue rechazada por un tribunal de apelaciones.
La disputa judicial se suma a las medidas impulsadas por Trump bajo el argumento de proteger la integridad electoral, mientras organizaciones civiles advierten que las exigencias federales pueden interferir con la administración de los comicios y afectar a votantes habilitados.
