Por Redacción YSKL
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves su renuncia al cargo, en medio de la crisis financiera de Ueno Bank y de un proceso de juicio político impulsado en su contra por legisladores de oposición y disidentes del oficialismo.
Peña comunicó su decisión mediante un mensaje difundido en redes sociales, en el que argumentó que busca preservar la estabilidad del país y evitar mayores tensiones institucionales.
“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones públicas”, expresó.
El mandatario también afirmó que su prioridad es garantizar la tranquilidad de los ciudadanos que depositaron sus ahorros en el sistema financiero.
“Pido disculpas al pueblo si en algún momento he fallado”, agregó.
La renuncia se produjo el mismo día en que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 78 votos, impulsar un juicio político contra Peña. La decisión deberá pasar al Senado, que tiene la facultad de aceptar o rechazar la acusación. El Congreso también deberá definir si acepta la dimisión del gobernante.
La diferencia entre ambos procedimientos tiene consecuencias para el mandatario: si el Senado lo destituye, perdería los fueros y protecciones especiales; si el Congreso acepta su renuncia, conservaría los fueros correspondientes a su condición de senador vitalicio.
Intervención de Ueno Bank y ahorros congelados
La crisis comenzó cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank durante la madrugada del martes, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 %, mínimo exigido por la normativa.
Según el BCP, la disminución se produjo como consecuencia de ajustes realizados a los estados financieros de la entidad durante un proceso de regularización. La intervención dejó temporalmente sin acceso a sus depósitos a cerca de 2.9 millones de clientes, en un país de aproximadamente 6.1 millones de habitantes.
Ueno concentraba alrededor de 850 millones de dólares en depósitos de instituciones públicas, entre ellos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de administrar las pensiones de la mayoría de los trabajadores paraguayos.
El Banco Central aseguró que se trata de un caso puntual y que no representa una situación generalizada del sistema financiero. También anunció la activación del Fondo de Garantía, que cubre hasta 75 salarios mínimos por depositante, equivalentes a unos 38,600 dólares.
Las autoridades anunciaron que los primeros pagos a los ahorrantes comenzarían este viernes, con desembolsos iniciales de aproximadamente 1,600 dólares.
Señalamientos por créditos a empresas vinculadas
La intervención de Ueno también generó cuestionamientos sobre las relaciones entre la entidad financiera, el sector público y el Gobierno de Peña.
El mandatario fue accionista del Grupo Vázquez, principal conglomerado vinculado a Ueno, hasta marzo de 2025, cuando vendió su participación. La oposición lo acusa de presunto conflicto de intereses, manipulación regulatoria y encubrimiento institucional.
Uno de los señalamientos se relaciona con los créditos otorgados a empresas vinculadas con los propietarios del banco. El economista paraguayo Manuel Ferreira Brusquetti, exministro de Hacienda, afirmó a CNN que esas operaciones habrían superado los límites establecidos por la normativa.
“Acá la ley permite solamente hasta un monto de 20 % del patrimonio efectivo, que eran más o menos US$ 80 millones. Los créditos vinculados, lo que sabemos hasta ahora, son de US$ 628 millones”, sostuvo.
Ferreira consideró que las operaciones reflejan fallas en los controles financieros y cuestionó la actuación de las autoridades supervisoras.
La crisis también provocó la renuncia de Carlos Carvallo a la presidencia del Banco Central. Antes de asumir ese cargo, Carvallo había dirigido la Financiera Ueno, de la que surgió el banco intervenido.
Juicio político y renuncias en el sector financiero
La acusación contra Peña fue promovida por 35 legisladores de oposición y disidentes del oficialismo. Los diputados señalaron un presunto “grave y sistemático mal desempeño de sus funciones” y solicitaron retirar la investidura al presidente, quien asumió en agosto de 2023 para un mandato de cinco años.
El Partido Colorado, que gobierna Paraguay desde 1947 con una interrupción entre 2008 y 2013, también expresó su respaldo al juicio político.
Su presidente, el exmandatario Horacio Cartes, publicó que acompañaban el procedimiento para “volver a reencauzar la institucionalidad de la República”.
En paralelo, la Fiscalía ordenó la detención de ocho directivos de la entidad, sin identificarlos inicialmente, y reportó que 27 personas habían sido imputadas por presuntas irregularidades financieras relacionadas con operaciones realizadas entre 2025 y 2026.
Entre los señalados figura Miguel Vázquez, directivo de Ueno y CEO del Grupo Vázquez, quien se entregó a la Policía tras emitirse una orden de captura. Su abogado calificó el pedido como injusto y anunció que solicitaría arresto domiciliario.
Protestas y preocupación por el sistema financiero
La intervención de Ueno generó filas en sucursales bancarias, protestas en Asunción y preocupación entre los depositantes. También se difundieron reportes sobre supuestas fallas en aplicaciones de otras entidades, lo que alimentó rumores sobre una posible afectación más amplia del sistema financiero.
La Asociación de Bancos del Paraguay informó que las instituciones estaban atendiendo un aumento de clientes que trasladaban sus cuentas para recibir los fondos garantizados. El Banco Familiar comunicó que abrió aproximadamente 60,000 cuentas nuevas en 48 horas.
La crisis también puso en discusión la capacidad de supervisión del Banco Central y los vínculos entre grandes grupos económicos y autoridades públicas.
La economista Verónica Serafini, investigadora del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, señaló a CNN debilidades institucionales relacionadas con los conflictos de interés y la falta de mecanismos para regular la llamada “puerta giratoria” entre el sector público y el privado.
La trayectoria de Peña
Santiago Peña, economista de 44 años, asumió la Presidencia en agosto de 2023, luego de ganar las elecciones con el 42.7 % de los votos como candidato del Partido Colorado.
Tiene una maestría en Administración Pública por la Universidad de Columbia. Trabajó en el Banco Central de Paraguay y en el Fondo Monetario Internacional (FMI), antes de ocupar el Ministerio de Hacienda entre 2015 y 2017, durante el Gobierno de Horacio Cartes.
Durante su campaña y discurso de investidura, Peña presentó el crecimiento económico y la generación de empleo como prioridades de su administración.
Su salida anticipada, cuya formalización depende de la decisión del Congreso sobre la renuncia, ocurre cuando su mandato debía concluir en 2028 y representa un revés para el partido gobernante.
