Por: Redacción YSKL
El Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha emitido de manera oficial el decreto mediante el cual se proclama a San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, obispo y mártir, como Patrono ante Dios de los Obispos de América Central. La proclamación formal destaca que el religioso ejerció su ministerio pastoral entre los pobres de manera sobresaliente y es considerado un ejemplo ilustre e inspirador por parte del episcopado centroamericano.
La solicitud oficial ante la Santa Sede fue impulsada por Héctor David García Osorio, presidente del Secretariado Episcopal de América Central, por deseo unánime de los obispos de la región. Mediante una carta fechada el 28 de noviembre de 2025, el prelado solicitó formalmente que dicha elección y aprobación fuesen confirmadas conforme a las normas canónicas sobre la designación de patronos.
Ante esta solicitud, el Dicasterio, una instancia con facultades otorgadas por el Papa León XIV, acogió favorablemente la petición. En la resolución oficial se confirma textualmente a «SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO GALDÁMEZ, OBISPO Y MÁRTIR, como PATRONO ANTE DIOS DE LOS OBISPOS DE AMÉRICA CENTRAL». El documento fue firmado y dado en la sede del Dicasterio el 14 de septiembre de 2026, coincidiendo con la festividad litúrgica de la Exaltación de la Santa Cruz, bajo las rúbricas del cardenal prefecto Arturo Roche y del arzobispo secretario Vittorio Francesco Viola.
La figura de Monseñor Romero mantiene un profundo arraigo histórico tras su proceso de canonización, el cual se consolidó formalmente en el Vaticano luego de que la Iglesia católica reconociera de forma canónica el milagro de curación irreversible obtenido por intercesión del arzobispo salvadoreño. El acontecimiento que permitió su llegada a los altares estuvo vinculado a la recuperación milagrosa y científicamente inexplicable de una madre salvadoreña que sufrió complicaciones graves tras dar a luz, un proceso que fue validado por comisiones médicas y teológicas antes de su canonización oficial en Roma.
En cuanto a la situación de la causa judicial e investigaciones en El Salvador sobre su asesinato cometido el 24 de marzo de 1980, el expediente ha enfrentado décadas de impunidad y obstáculos procesales. A pesar de que la Comisión de la Verdad y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyeron en sus informes que existió plena evidencia de que el exmayor Roberto D’Aubuisson ordenó el crimen y que operó un escuadrón de la muerte, las investigaciones judiciales a nivel nacional sufrieron el peso de la Ley de Amnistía de 1993 y la falta de colaboración institucional.
Si bien la Fiscalía General de la República ha impulsado la reapertura de expedientes emblemáticos de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado —incluyendo formalmente el caso del homicidio del arzobispo de San Salvador—, el acceso pleno a la justicia y la sanción judicial efectiva de los autores intelectuales y materiales continúan siendo una deuda pendiente dentro de los tribunales salvadoreños.

