Comisión ad hoc evalúa aumento a la pensión mínima

Los diputados de la Comisión Ad hoc de pensiones continúan revisando los distintos expedientes para realizar mejoras a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, una de estas es referida al aumento de la pensión mínima.

Actualmente, es de $207.60 mensuales; sin embargo, un aumento deberá ser calculado conforme a la capacidad de fondeo y del número de beneficiarios a partir de la mejora, según lo indicó la diputada Yanci Urbina del FMLN.

Rodolfo Parker explicó que previo a la pandemia datos estimados indicaban que la pensión mínima podría duplicarse a cerca de $400, pero debido a las afectaciones económicas de los últimos meses, esto podría cambiar y se debe actualizar conforme a datos de la Superintendencia del Sistema Financiero.

Por otra parte, se plantea la reducción de la tasa de comisión que cobran las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Este cobro en concepto de comisión es del 1.9% y la propuesta es reducirlo al 1.4%. El diputado presidente, Donato Vaquerano señala que la Superintendencia del Sistema Financiero debe de presentar un estudio actualizado, a fin de ser responsables y no afectar las finanzas de las instituciones.

Urbina destacó que en un informe reciente, la Superintendencia detalló que el punto de equilibrio es del 1.4%, en tal sentido la medida es viable.

Asimismo, la parlamentaria del FMLN indicó que la discusión de la comisión debe girar en torno a definir el rumbo de esa disminución del 0.5%. «Podría inyectarse a la Cuenta de Garantía Solidaria o a las cuentas individuales. La finalidad es mejorar los ahorros de los cotizantes para que las pensiones suban», remarcó.

Como tercer tema en evaluación de la comisión, existe un expediente que comprende la agilización de los procedimientos para que las personas con enfermedades terminales incapacitantes y los que tienen arraigo en otros países puedan acceder a la totalidad de sus ahorros.

El diputado Rodrigo Ávila (ARENA) manifestó que en la normativa actual ya se contemplan los procedimientos para hacer efectiva la devolución de fondos en esos casos; sin embargo, son mecanismos «engorrosos», al grado que las personas se ven en la obligación de renunciar a la ciudadanía salvadoreña para acceder a sus ahorros.