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El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Vicente declaró procedente la solicitud de traslado internacional de cinco reclusos hacia la República de Ecuador y autoriza que las penas de prisión, que van de 12 a 20 años, las cumplan en dicho país.
Según la resolución del juzgador, se reunieron los requisitos del derecho internacional y se reducen los costos al Estado Salvadoreño.
Lo anterior en cumplimiento a lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en relación a suplicatorios penales de solicitud de traslado hacia su país de origen de Juan Andrés Quiñonez Manzaba, Alexis Ramón González Márquez, Byron Jorge Andrade Ceballos, Darwin Eduardo Cheme Valencia, Jesús Alberto Cedeño Arcentales, condenados por el delito de tráfico ilícito en perjuicio de la salud pública.
Los reclusos Darwin y Alexis, condenados a 20 años, ser capturados el 9 de abril de 2016 a bordo en una lancha con 497 kilos de cocaína valorada en 12 millones, en Punta Remedios de Acajutla, Cedeño, fue apturado transportando 700 kilos de cocaína en la Bocana El Cordoncillo de La Paz., mientras que Quiñonez Manzaba, condenado a 15 años y Bairon Andrade a 12 años
La resolución del juzgador está basada en la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, ratificada por El Salvador y diversos países del mundo, al respecto los cuatro extranjeros reunían el requisito para optar al beneficio pues ya tenían una sentencia firme y definitiva.
El pasado mes de octubre, el juez autorizó el traslado de los ecuatorianos, Fermín Honorio Vera Aragundi, John Carlos López Marchán, José Bailon Pin y Ronny Eduardo Solís Echeverría, condenados a penas de 15 a 20 años por tráfico ilícito.
Según informe del juzgado, en El Salvador existen diversos extranjeros recluidos en delegaciones policiales, centros penales o cumpliendo penas de trabajo de utilidad pública, esta situación ha motivado a que instituciones como la Procuraduría General de la República, Corte Suprema de Justicia y Centros Penales realizan diferentes peticiones a los juzgados de vigilancia penitencia a fin de que los reclusos regresen a sus países de origen en colaboración con autoridades consulares con el fin de salvaguardar el derecho internacional que les asiste.
