Entre 2013 a 2018 la Fiscalía retrocedió en efectividad judicial y acceso a la información pública, señala estudio

Por: Redacción YSKL

Un grupo de 11 organizaciones de la sociedad civil presentaron este jueves un estudio de auditoría al funcionamiento de la Fiscalía General de la República (FGR), que revela las limitaciones de su cobertura y la persecución del delito.

Según el reporte, el Ministerio Público ha reducido los niveles de judicialización y condenas que ha alcanzado. En el período 2013-2018, la Fiscalía registró un total de 24,285 casos judicializados que terminaron en condena, que, si se compara a los 582,976 expedientes abiertos en esos cinco años, representa una efectividad del 4.6%.

“Estos problemas que históricamente ha enfrentado la Fiscalía son limitaciones a su cobertura, alcance para las actividades, falta de recursos técnicos para resolver diligentemente su mandato constitucional, la opacidad y rigidez con la que han funcionado, la parcialidad en la priorización de algunos casos, son múltiples problemas de larga data, que han provocado no solo un debilitamiento institucional, sino también han fomentado una cultura de impunidad, que repercute en la falta de credibilidad ciudadana de la Fiscalía”, explicó Sonia Rubio, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

Por el lado de la transparencia y rendición de cuentas, el estudio detalla que la información proporcionada por los canales oficiales de la Fiscalía (sitio web, portal de transparencia y redes sociales) debe mejorar para que sea suficiente. Los informes de labores anuales “carecen de análisis de los avances y progresos obtenidos respecto de las estrategias y metas que la propia institución ha planteado en cada período”, se lee en un extracto del mismo.

“La Fiscalía tiene importantes desafíos históricos en materia de obligación de transparencia activa, que obliga a la institución a publicar de oficio información relevante sobre su desempeño sin necesidad que los ciudadanos soliciten […] no se sustenta la información que dichos informes contienen, es insuficiente para poder realizar un seguimiento periódico de la institución y verificar los fondos asignados”, puntualizó Mónica Velasco de Acción Ciudadana.

En cuanto a la persecución del delito, el informe también cuestiona la operatividad aplicada a crímenes de guerra, lesa humanidad y contra la mujer, pese a que la entidad cuenta con políticas y protocolos de acción para tales hechos.

En lo relativo a las investigaciones por desaparición de personas y violencia contra la mujer, la Fiscalía ha mejorado, pero “aún debe superar su silencio e inactividad en casos que afectan los derechos de las personas LGBTIQ y la urgente necesidad de una política de persecución penal por crímenes de odio, casos de ejecuciones extrajudiciales”.

El tratamiento que la Fiscalía ha dado en el marco de la pandemia COVID-19 también fue analizado, el informe devela que no se han producido mayores resultados ante los casos de detenciones que sucedieron durante la cuarentena obligatoria, o los avisos que presentó en su momento la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIES) sobre anomalías en la adquisición de insumos y contratación de proyectos por parte de instituciones públicas.

Este informe fue elaborado por una iniciativa conjunta de Acción Ciudadana, Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Asociación Azul Originario (AZO); Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans en El Salvador (COMCAVIS TRANS); Colectiva Feminista para el Desarrollo Local; Fundación Cristosal; FESPAD; Fundación DPLF; Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA); Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y el Servicio Social Pasionista (SSPAS).

El informe puede ser consultado acá.