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Por: Redacción YSKL
La Mesa por el Derecho a Defender Derechos expresó su preocupación ante la situación política que atraviesa el país y una falta de legislación que tutele las garantías fundamentales a las personas que se dedican a la labor social.
Alejandra Burgos, representante de la Mesa, expuso que el escenario actual de los derechos humanos en El Salvador, ponen en evidencia al Gobierno en el incumplimiento de los estándares internacionales de protección de la materia, que constituye una deuda histórica que desconoce la necesidad de proteger a los defensores de derechos humanos.
“Existe un grave deterioro de la seguridad jurídica como consecuencia de la concentración de poder, en un oficialismo alejado de la realidad económica y social. A ello sumado al discurso de odio que emana la administración de gobierno y la implementación de medidas como la militarización de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero del 2020; así como la destitución de Magistrados constitucionales el 1 de mayo”, señaló.
“Ese debilitamiento al sistema de contrapesos se ha traducido en una inestabilidad de los derechos humanos”, añadió, afirmando que son 60 organizaciones las que denuncian el deterioro de los derechos humanos en el país.
La experta citó las denuncias contra autoridades de la Policía y Ejército, por abusos de poder en contra de periodistas y medios de comunicación, así como el ataque de parte de funcionarios públicos contra manifestaciones y organizaciones de derechos humanos.
En ese sentido, exhortan a los Diputados a colocar en agenda la propuesta de Ley de Protección Integral para Personas Defensoras de Derechos Humanos, “tres años después de haber presentado la propuesta, no está pensada de sus inicios para buscar derechos especiales, todo lo contrario, esta propuesta trata de reconocer que el Estado tiene un deber, y cualquier ciudadano ejerce esta labor en momentos que menos piensa, porque responden a intereses de su comunidad”.
