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El expresidente Elías Antonio Saca, el exdirector de Asuntos Políticos de ARENA, Juan Tennant Wright y el expresidente de la Fundación Centro de Estudios Políticos (CEP), Gerardo Balzaretti, fueron condenados en responsabilidad civil a devolver los $10 millones desviados de la donación del Gobierno Taiwán a El Salvador para atender los damnificados por el terremoto de 2001.
Fue este miércoles por la tarde que se conoció dicha resolución del Juzgado 2° de Instrucción de San Salvador.
Los montos a devolver son:
- Saca: $6 millones
- Balzaretti: $2 millones
- Wright: $2 millones
Contra los ahora condenados se extinguió la acción civil por la prescripción del delito de lavado de dinero por el que se imputaban a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), pidiendo que solo continuará el proceso civil.
Sobre el caso
Los fondos, según documentos judiciales, los entregó China-Taiwán a El Salvador, entre octubre del año 2003 y abril del año 2004, aún bajo la presidencia de Francisco Flores, para la ejecución de 4 proyectos los cuales no fueron ingresados ni registrados a la Secretaria Técnica del Financiamiento Externo de la Cancillería de la República.
En enero del 2014, Flores enfrentó un interrogatorio en una Comisión Especial en la Asamblea Legislativa, en donde se limitó a decir que el dinero se entregó a los «destinatarios».
Las investigaciones señalaron que los $10 millones de dólares que donó la nación asiática al país fueron colocados en el partido ARENA, a través de diversas cuentas, mismo que se habría usado para la campaña presidencial de Saca.
Dos años más tarde, Flores fue acusado formalmente por la Fiscalía de Peculado y Enriquecimiento Ilícito; el Juez Séptimo de Instrucción añadió el delito de Casos Especiales de Lavado de Dinero y lo envió a juicio, pero luego fue suspendido por el fallecimiento del ex mandatario un año después.
Además, fueron acusados de lavado de dinero Balzaretti, José Mauricio Samayoa, ex presidente del Banco Cuscatlán (pieza claves en la transferencia de cheques que salieron de la Presidencia de la República al CEP “Pedro Rodríguez Porth”, ligado a ARENA) y el ex tesorero de ARENA, Juan Tennant Wright.
El 1 de marzo del 2019, la FGR pidió sobreseimiento definitivo para Flores y Samayoa, no así la responsabilidad civil, que se traduce en la devolución de los fondos defraudados.
El 4 de julio de 2019, la Cámara Segundo de lo Penal de San Salvador anuló el proceso judicial contra los expresidentes Francisco Flores y Elías Antonio Saca (este último tomó las riendas de ARENA en 2003, de cara a la campaña presidencial de 2004).
Se retoma el caso
El ex Fiscal Raúl Melara, reveló en 2020 que el proceso irá contra ARENA por «tenerse certificado» que el dinero fue canalizado por Saca, Wright y Balzaretti hasta el CEP, mediante una cuenta que abrió Samayoa en una sucursal de la entidad bancaria San José, Costa Rica, sin cumplir con los requisitos de la ley antilavado.
En el proceso judicial se enlista las cuentas que recibieron fondos de Taiwán: “Arena casa por casa”, “Arena Territorial”, “Arena Día D”, “Arena Mítines” y eventos, “Arena San Salvador”, entre otras.
Desde Costa Rica, el dinero atravesó el sistema financiero regional, mediante transferencias cablegráficas y concluyó en El Salvador, en el mismo banco que en aquel entonces, era dirigido por Samayoa.
Las declaraciones de Norman Quijano
En una entrevista televisiva que sostuvo el diputado (de la Asamblea Legislativa en ese momento) Norman Quijano, el 15 de septiembre del 2020, aseguró que los fondos que otorgó Taiwán, no eran para los damnificados de los terremotos, sino, una «contribución económica» que la nación insular entregaba a los países que les ofrendaban sus votos en las Naciones Unidas, para obtener el reconocimiento como país soberano de China.
Tanto revuelo causó las declaraciones del ex parlamentario tricolor, que Guillermo Gallegos, actual legislador de GANA, pidió crear una Comisión Especial que indagara la mal llamada, «política de chequera», que impulsó Taiwán.
En julio, el Ministerio Público emprendió el embargo de 2 bienes inmuebles y 17 vehículos del partido ARENA, por orden del Juzgado de Extinción de Dominio. Se trata de la sede central de ARENA en la Colonia Flor Blanca, en San Salvador y otra en Ahuachapán; así como los 17 vehículos; lo que sumaría una cantidad de $1 millón de dólares. Además de los bienes, la Fiscalía ordenó al Ministerio de Hacienda inmovilizar $2.9 millones que serían destinados a ARENA en concepto de deuda política por los votos obtenidos en las recientes elecciones.
En total, la Fiscalía habla de $3.9 millones en el proceso, tras la suma del valor de los bienes con los fondos inmovilizados por Hacienda.
