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Por: Redacción YSKL
El directorio del Fondo Monetario Internacional «instó» a El Salvador a revertir la medida que convirtió el bitcóin en una moneda de curso legal, al tiempo que pidió una regulación estricta del monedero electrónico en el país.
Los miembros de la junta del FMI «instaron a las autoridades a reducir el alcance de la ley sobre el bitcóin eliminando su condición de moneda de curso legal», dijo el FMI en un comunicado tras una consulta anual.
Algunos miembros del directorio también se mostraron preocupados por los riesgos asociados a la esperada emisión de bonos vinculados al bitcóin por parte de El Salvador, dijo el FMI.
En su informe ‘Artículo IV’ sobre el país centroamericano publicado este martes, el organismo con sede en Washington ha endurecido su discurso con respecto a la adopción de la criptodivisa como moneda oficial.
En septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal. El proyecto, impulsado por el presidente, Nayib Bukele, pretendía reducir los costes en los envíos de remesas, atraer inversión extranjera e incentivar el consumo interno.
Lejos de estar a favor de esta iniciativa, el organismo liderado por Kristalina Georgieva avisó en una primera instancia de los riesgos y de la necesidad de medidas regulatorias efectivas.
En esta línea, el FMI ha vuelto a incidir en el peligro que implica considerar la criptomoneda como una divisa oficial para la integridad del mercado y la protección al consumidor, además de poder ocasionar pasivos fiscales contingentes.
A lo largo de esta semana, la criptomoneda ha llegado a marcar un valor de 34.113 dólares (30.157 euros), su nivel más bajo desde julio y un 50% por debajo de su máximo histórico.
El equipo que ha llevado a cabo la elaboración del análisis de El Salvador ha llegado incluso a proponer eliminar la calidad de moneda de curso legal y algunos miembros del ‘staff’ han manifestado su preocupación por los riesgos asociados a la emisión de bonos respaldados por bitcoin.
Entre las críticas, el FMI también ha encontrado un hueco para valorar de forma positiva una iniciativa ligada a la adopción del bitcoin como moneda legal.
El Gobierno lanzó una billetera digital (Chivo) para fomentar el uso de la criptomoneda entre los ciudadanos salvadoreños. Si bien el Fondo ha dejado clara su postura al respecto de la Ley Bitcoin, ha reconocido que medios digitales como Chivo, que es un sinónimo de ‘cool’ en el país centroamericano, pueden un rol interesante en la promoción de la inclusión financiera del país.
Insostenibilidad de la deuda
Al margen del bitcoin y sus implicaciones, el FMI ha alertado de las vulnerabilidades asociadas a la deuda pública del país, que podría situarse en una «trayectoria insostenible» del 96% del Producto Interior Bruto (PIB) para 2026.
El equipo del FMI ha advertido que las vulnerabilidades fiscales –derivadas de la elevada relación entre la deuda pública y el PIB– se han agudizado durante la pandemia y requieren acciones inmediatas.
La economía salvadoreña se contrajo un 7,9% en 2020, con motivo de la pandemia, interrumpiendo diez años de crecimiento. Según las proyecciones, la economía salvadoreña crecerá alrededor de un 10% en 2021 y un 3,2% en 2022. Sin embargo, los persistentes déficits fiscales y el elevado servicio de la deuda están generando necesidades de financiamiento elevadas y crecientes. El déficit fiscal está proyectado en un 5,8% del PIB en 2021 y aproximadamente un 5% del PIB en 2022.
En general, la comitiva del Fondo en El Salvador está de acuerdo en la necesidad de implementar una consolidación fiscal este año, la cual debería basarse en medidas de ingresos y gastos de alta calidad orientadas a restaurar la sostenibilidad fiscal encauzando la deuda pública hacia una firme trayectoria descendente.
El Fondo ha recalcado la importancia de reformas estructurales para fomentar un crecimiento inclusivo y han respaldado los esfuerzos para reducir la delincuencia, la burocracia y los costes de la energía, y por promover la inversión en infraestructura y el gasto social, incluyendo en salud y educación.
