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Por: Redacción YSKL
En la Sesión Plenaria Extraordinaria del miércoles, la Asamblea Legislativa aprobó reformar la Ley Especial contra el Delito de Extorsión que tienen por objeto aumentar el rango de las penas prescritas, tomando como parámetro la naturaleza terrorista de las organizaciones criminales.
El ahora decreto fue llevado ayer por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, según el titular, Gustavo Villatoro, se busca reprimir y disuadir al individuo que siga extorsionando a sus víctimas «de manera que la persona, a sabiendas de las consecuencias negativas que supondría una determinada actitud se abstenga de incumplir lo dispuesto en el ordenamiento jurídico».
El funcionario confirmó que las reformas se solicitaron en reacción al repunte de homicidios perpetrados por las pandillas MS, 18 Revolucionarios y 18 Sureños. Asimismo, para dar más herramientas legales a la Policía Nacional Civil (PNC) y Fuerza Armada de El Salvador (FAES), en el contexto del Régimen de Excepción aprobado el sábado pasado.
Según se lee en la nueva ley, está fundamentada con base a la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (24.08.2015), que establece que las tres principales pandillas de El Salvador están calificadas como organizaciones terroristas. La extorsión, ha sido el mecanismo que han utilizado las pandillas para financiar sus actividades ilícitas, según la PNC.
«Es un hecho notorio que las organizaciones criminales antes mencionadas, realizan dentro de su accionar, atentados sistemáticos a la vida, seguridad e integridad personal de la población, incluidos contra las autoridades civiles, militares, policiales y penitenciarias; contra la propiedad, mediante la ejecución de delitos de extorsión a personas naturales o jurídicas; vulneraciones al derecho de todo ciudadano de residir en cualquier lugar del territorio; en contra del derecho a la educación, obligando a la deserción de estudiantes; contra el libre tránsito; paralizan el transporte público de pasajeros, incluso a nivel nacional y con frecuencia atentan contra la vida del personal de los servicios de transporte público; impiden la libre realización de actividades económicas y laborales de amplios sectores de la población; entre tantas acciones realizadas de manera sistemática, planificada y organizada», consigna un extracto de la sentencia.
¿En qué consisten las enmiendas?
El artículo 3 de la Ley fue modificado y se elevará la cárcel de 20 a 30 años de prisión, para más conductas extorsivas. La normativa actual contemplaba sanciones de dos a cinco años de cárcel.
Es decir, si el hecho se cometió por dos o más personas o miembro de una agrupación, asociación u organización ilícita. Cuando se empleen a menores de edad o incapaces. Cuando se planifique u ordene desde un centro penitenciario y si se comete contra parientes de hasta cuarto grado de consanguinidad y compañeros de vida.
Además, si un funcionario o empleado público (en ejercicio o no de sus funciones) llegase a extorsionar se incluirá en la ley y si se añadirán más años de cárcel si existe previa amenaza de muerte u otro tipo de amedrentamiento, inclusive armas de fuego.
Mientras tanto, la proposición y conspiración en casos de extorsión y extorsión agravada será sancionada con una pena de diez a quince años.