Organismo llama a respetar principios de separación de poderes e independencia judicial en ESA

La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) presentó este miércoles un informe que documenta las «estrategias de cooptación» del sistema de justicia de El Salvador generada a través de lo que se consideró la «ruptura del principio de separación de poderes y vulneraciones a la Constitución del país».

«Son hechos que comprometen gravemente la garantía de los derechos y libertades de la población salvadoreña al generar condiciones para una justicia selectiva», indicó la Directora del Programa de Independencia Judicial de DPLF, Úrsula Indacochea. 

El informe, titulado Justicia amordazada La captura del sistema de justicia de El Salvador, señala que la captura del órgano judicial y su sometimiento institucional se origina por el Poder Ejecutivo –desde la Presidencia de la República– y por el Legislativo –desde la Asamblea Legislativa– a partir del 2019, por «el debilitamiento deliberado del órgano judicial» que fue estructurado en cuatro fases:

• el desarrollo de una narrativa hostil a la justicia desde el discurso oficial;
• la captura de las cúpulas de los estamentos judiciales;
• la remoción y reemplazo de altas autoridades de la Sala de lo Constitucional y del Ministerio Público a través de decretos inconstitucionales; y,
• la expulsión o precarización de la estabilidad de al menos un tercio de los jueces/zas y magistrados/as del país y el nombramiento irregular de los puestos vacantes.

«Cabe destacar que esta captura no solo provoca la violación de múltiples dimensiones de la independencia judicial, también produce un caos al interior del sistema de justicia que se extiende hasta los tribunales de justicia en sus diferentes niveles, así como un grave impacto en la calidad de la democracia en el país», expuso Indacochea.

“Hemos podido determinar que el deterioro de la justicia en El Salvador fue deliberado, y se consumó a través de una serie de pasos consecutivos para obtener ese resultado. Uno de sus impactos más graves esta en la inexistencia de tribunales independientes para proteger los derechos y las libertades de las y los ciudadanos”, expresó. 

Si bien los jueces y juezas del país han reaccionado frente al deterioro institucional, ninguna de sus decisiones o recomendaciones ha sido escuchada ni acatadas por la Corte Suprema de Justicia, el Ejecutivo ni el Legislativo, señaló la experta.

Según el análisis de DPLF, la separación de poderes en El Salvador se ha reducido a la mínima expresión y solo opera cuando los otros órganos debaten asuntos en los que el Ejecutivo no tiene intereses comprometidos. 

Entre sus hallazgos, DPLF apunta a la urgencia de promover que se activen los mecanismos establecidos en los artículos 18 a 21 de la Carta Democrática Interamericana y que mediante la intervención de los órganos de la Organización de Estados Americanos (OEA) se logre restablecer el orden constitucional existente en El Salvador.

En el informe hacen un llamado a la comunidad internacional para que exhorte al Estado a restituir en sus cargos a magistrados de la Sala de lo Constitucional. Además, recomienda organizar una comisión integrada por personalidades de prestigio y representativas de diversos sectores sociales, a efecto de impulsar el desarrollo de un consenso y «plantear un diálogo con el gobierno sobre la necesidad de restablecer el orden constitucional, la independencia judicial y el carácter republicano democrático que según la Constitución debe caracterizar al Estado salvadoreño».