El Juzgado de Paz de Coatepeque desarrolló desde el sábado hasta la madrugada del domingo la audiencia inicial contra el alcalde de Coatepeque Jorge Alberto Rivas, el síndico municipal José Menjívar Guardado y otras 24 personas más, incluyendo una docena de regidores y ex concejales.
El edil del partido ARENA y los demás, están acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de malversación de fondos públicos, negociaciones ilícitas y peculado en torno a diez contratos de construcción y una licitación de telefonía móvil. Los hechos ocurrieron en los períodos 2012-2015 y el de 2015-2018, “si fuéramos más atrás creo que encontramos muchas más cosas”, sentenció el fiscal.
El domingo por la madrugada, la jueza decretó medidas sustitutivas a la detención para todos los acusados; estableciendo que deben presentarse cada 15 días a firmar a un juzgado de instrucción, no salir del país ni cambiar de domicilio.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó en su cuenta de twitter que esta tarde presentaría el recurso de apelación a la jueza de la causa.
“Consideramos que la resolución de la jueza no está apegada al derecho, no valoró los elementos que le presentamos para establecer de alguna forma, la obstaculización a la investigación que vamos a realizar y ante ello le presentamos la apelación este día para que un tribunal superior conozca sobre el mismo, revoque la resolución y si considera que hay peligro de fuga de los involucrados, decrete la detención de las personas”, indicó el Fiscal.
El argumento de la defensa es que los involucrados, al ser funcionarios municipales, no hay riesgo de fuga, puesto que mientras se desarrolla las investigaciones, pueden continuar sus funciones en la comuna, a lo que la Fiscalía emplazó que pueden interferir en las investigaciones, porque fue en ese lugar, donde se cometieron los delitos, “e incluso a las personas que pueden estar sirviéndonos de testigos, puesto que una de ellas ya fue amenazada y está interponiendo una denuncia por ello”, reveló el personero fiscal.
Todos son acusados de malversación de fondos públicos, negociaciones ilícitas y peculado en torno a diez contratos de construcción y una licitación de telefonía móvil. Los hechos ocurrieron en los períodos 2012-2015 y el de 2015-2018.
Supuestamente los 25 acusados malversaron 541 mil dólares en once proyectos que fueron pagados pero nunca ejecutados. De acuerdo con el Ministerio Público, son diez construcciones que autorizaron y no concretaron y la otra irregularidad es una contratación de telefonía celular que el Concejo Municipal aprobó, las cuales eran para beneficio de los empleados de la comuna, y no recibieron los aparatos ni el servicio.
