ONU y ACNUR instan a El Salvador a garantizar derechos LGBTI

Miembros de la comunidad LGTBI se concentraron frente al Ministerio de Seguridad y Justicia para que se investiguen los crímenes de odio, los cuales han pasado en los últimos días.

La comunidad asegura que el 12% de la población salvadoreña son LGBTI y por tanto tienen igualdad de derechos.

En lo que va del mes se registran tres asesinatos: el primero fue el caso de Jade Camila Díaz, que además era activista trans, su cuerpo fue encontrado en la rivera del rio Torola; el segundo crimen ocurrió en Carasucia en Ahuachapán donde murió a pedradas; y el tercero  José Germán Martínez Castro, de 28 años quien también fue agredido a golpes y luego su cuerpo fue arrojado a un rio.

Según el último informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) señalan que más de 1.300 lesbianas, gays, bisexuales y personas trans fueron asesinadas entre 2014 y 2019 en América Latina y el Caribe, de esta cifra, el 30% fue a causa del prejuicio.

Por este motivo piden justicia para criminalizar estos hechos de odio, y a la vez exhortan a los estados a tomar medidas.

En este contexto Helvisney Cardoso, experto en protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género de la ONU, señaló algunas medidas que se deben tomar por parte de las entidades de justicia en la región.

Entre estas se encuentran el desmantelamiento del sistema de criminalización de la orientación sexual y la identidad de género.

“La criminalización es un obstáculo fundamental a la erradicación de la violencia y la discriminación”, indicó. Cardoso enfatizó que en varios países donde se suscitan estos delitos, no es posible obtener datos que tengan integridad y por tanto es imposible crear políticas públicas que de una manera efectiva se dirijan a la erradicación de la violencia y la discriminación.

Otra recomendación fue que los congresos adopten una legislación que proteja al ciudadano contra la discriminación. Y por último, “garantizar el acceso a la justicia para que se estas leyes y políticas públicas se vean reflejadas en la existencia de un recurso efectivo y eficiente en el que las personas LGBTI puedan hacer valer sus derechos ante jueces independientes e imparciales”.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR por sus siglas en inglés),  Giovanni Bassu, estimó que por lo menos 14 personas trans fueron asesinadas en El Salvador el año pasado, sin que la justicia haya podido dar ninguna respuesta.

Asimismo manifiesta que durante los seis primeros meses de 2019, COMCAVIS Trans, una organización que vela por los derechos de las personas LGBTI, contabilizó 44 casos de personas trans que, a raíz de la violencia, han tenido que desplazarse internamente. A la vez, un número desconocido de personas trans tuvieron que buscar asilo fuera del país.