Familias reciben restos de las primeras seis víctimas de la masacre de El Calabozo de 1982.

Este jueves, el Instituto de Medicina Legal entregó seis osamentas de las víctimas de la masacre de El Calabozo, perpetrada por el Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada, el 22 de Agosto de 1982 en San Sebastián, San Vicente.

Los restos fueron entregados a la familia Bonilla Realegeño que pertenecen padre, la madre, sus dos hijas adolescentes, su hijo de aproximadamente 8 años y una adolescente

De acuerdo con la fundación Cristosal, la masacre fue ejecutada también por el Batallón de Infantería de Reacción Inmediata “Ramón Belloso”, Destacamento Militar N° 2 de Sensuntepeque, Cabañas, y Quinta Brigada de Infantería de San Vicente.

El operativo denominado “Teniente Coronel Mario Azenón Palma”, fue desplegado desde el 17 al 25 de agosto de 1982 en los municipios de San Esteban Catarina, San Lorenzo, Santa Clara y otros municipios aledaños, todos del departamento de San Vicente.

El proceso de exhumación de la familia, inició el 28 de octubre de 2018, con el acompañamiento del Centro para la Promoción de los DDHH “Madeleine Lagadec” y Cristosal, junto a familiares sobrevivientes en el proceso judicial que se promueve para el esclarecimiento del caso.

Carolina Constanza del centro de promoción de DDHH, manifestó que hay más víctimas que hay que exhumar en los municipios donde se desarrolló el operativo militar, sin embargo, algunas no podrán ser recuperadas.

Los acusados de ordenar la masacre son los Generales José Guillermo García y Rafael Flores Lima y Juan Rafael Bustillo; y los Coroneles Sigfredo Ochoa Pérez y Miguel Antonio Méndez.

Los delitos que se les imputan son asesinato, actos de terrorismo, daños agravados, otros estragos, robo y privación de libertad.

“La denuncia está desde 1992 en el tribunal de San Sebastián, todo 2006 estuvo archivado, la jueza no quiso trabajarlo y nosotros interpusimos un amparo a la Sala de lo Constitucional, lo admitieron y lo resolvieron y le mandaron al tribunal iniciar las investigaciones. Vino la resolución (derogatoria) de la Ley de Amnistía y otra vez se reafirma la resolución y el juez ordenó la exhumación de la única fosa”, explicó Constanza.

Se estima que más de 200 personas fueron asesinadas en San Vicente.