La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Asamblea Legislativa reinstalar a un empleado separado de sus funciones en noviembre del 2019.
El colaborador presentó una demanda de amparo en el máximo tribunal de justicia el 29 de noviembre del año pasado; en ese sentido, deberá retomar el cargo que ocupaba o en uno de categoría similar, que no implique una “desmejora” salarial.
El congreso, argumentó que el demandante no agotó todas las disposiciones constitucionales para llegar al “proceso de amparo”, y pidió revocar la solicitud de demanda.
No obstante, esta fue denegada porque “no constituye un medio de impugnación que deba agotarse previo a la tramitación del amparo ni se ha evidenciado que el actor haya promovido dicha vía de manera simultánea a este proceso”.
La Sala pidió al órgano legislativo entregue un informe de cumplimiento de medidas en tres días; advirtió que si se incumplen, será remitido a la Fiscalía General de la República (FGR).
