El Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro, señaló que una de las propuestas económicas presentadas a la Asamblea Legislativa es la reforma al decreto 608 que autoriza al Ministerio de Hacienda la gestión de fondos de un máximo de $2 mil millones de dólares, de los cuales, el 30% serán destinados a las 262 alcaldías.
El equivalente de este porcentaje es de $600 millones.
Sin embargo, Castro expresó que en el decreto no se estableció una regulación del uso de esos fondos, «porque se entiende que son para la emergencia», razón por la que proponen que este sea dirigido a paquetes alimentarios para la población, al pago de saldos de obligaciones crediticias de las municipalidades y el pago a proveedores con prioridad a las deudas con las micro y pequeñas empresas.
De acuerdo con la propuesta de reforma, los $600 millones se distribuirían así:
$300 millones para la entrega de paquetes alimenticios a la población afectada por la emergencia de COVID-19 durante tres meses como mínimo.
Hasta $60 millones serán destinados al pago de saldos de las obligaciones crediticias de las municipalidades, iniciando por aquellas contratadas a las tasas de interés más altas.
Así también $150 millones para el pago a proveedores, con prioridad las deudas de las micro y pequeñas empresas por proporción a orden de la antigüedad de las acreencias. Las deudas a pagar no podrán estar relacionadas con procesos administrativos o judiciales prexistentes al 1 de abril de este año.
$30 millones a programas de apoyo a la salud pública, en refuerzo presupuestario destinados a la realización de campañas de prevención sanitaria y medidas de saneamiento en las municipalidades.
Finalmente, $60 millones a proyectos de inversión de infraestructura que serán ejecutados por los gobiernos municipales basados en criterios aprobados por el Comité fiscalizador de los $2 mil millones.
