La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió resolución a un auto de Amparo promovido en abril por un ciudadano contra las autoridades del Gobierno, en el cual, pidieron agilizar el proceso de la repatriación de los salvadoreños que no pudieron retornar al país debido a la emergencia sanitaria.
El Secretario Jurídico de la Presidencia Conan Castro presentó a inicios de mayo un documento en los que figura los plazos de ejecución e información sobre los que serán retornados, es decir, 1,200 pero en fechas que ya transcurrieron, cuando en la realidad, cerca de 350 compatriotas han regresado “y otros salvadoreños (cuyo número no es revelado) en fechas que aún no se han cumplido, algunas de ellas tan lejanas –se asegura– que no podría abarcarlas el plan”, expresa la resolución judicial.
El demandante alegó que se había inferido “un agravio no solo a los demandantes, si no a más de 3,000 salvadoreños que se han visto imposibilitados de retornar”.
El máximo tribunal constitucional solicitó a las autoridades, que en los próximos tres días, presenten nuevamente el plan de repatriación, el cual deberá contener los siguientes elementos:
-El dato exacto de los salvadoreños que serán repatriados, tomando en consideración el número de connacionales que, según la información recabada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 4,800 salvadoreños ha expresado su intención de regresar al territorio nacional, y que sea desglosada por edad, sexo y ubicación geográfica.
-El total de salvadoreños en condición vulnerable, detallando edad, sexo y situación de cada uno de ellos.
-La reducción del plazo de ejecución propuesto (14 semanas) a uno que resulte razonable tomando en consideración los derechos fundamentales en juego.
-El total de centros de aislamiento con fines sanitarios y espacios disponibles en cada uno de ellos con los que las autoridades cuentan en este momento, a efectos de que la Sala pueda valorar la razonabilidad del plazo propuesto, y así aprobarlo o rechazarlo.
Plan de Repatriación presentada por el Gobierno a la Sala de lo Constitucional.
