El Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) dio a conocer los resultados de un estudio de opinión sobre la corrupción en el país, a través de una encuesta realizada a una muestra de 1,225 participantes mayores de 18 años, empleados de niveles medios y bajos en instituciones, en su mayoría mujeres con un 58%.
Este se realizó bajo la modalidad de llamada telefónica en los días del 27 al 30 de mayo y del 2 al 5 de junio de 2020.
El estudio cuenta con un nivel de confianza del 95% y un margen de error muestral de ± 2.8.
Esta encuesta consta de 12 preguntas, entre las que se consultó la definición de corrupción y si ellos, familiares o conocidos habían sido víctimas de estos actos.
Corrupción
El estudio relata que en primer lugar, las personas asocian la corrupción al mal manejo de fondos (en este caso deben ser fondos públicos); en segundo lugar, la definen como el robo de dinero (dinero público); luego está la malversación, el mal manejo de los recursos y la asocian al gobierno, a los diputados y, en general, a los políticos.
Un 70% de los encuestados indican que “la corrupción es el mal uso del cargo y de los bienes públicos cometidos por empleados públicos para su propio beneficio o a favor de un pariente o amigo”.
Además, de acuerdo con la definición descrita, un 86.9% aseveró que personalmente o algún familiar ha sido víctima de corrupción.
En este caso, dos de cada diez encuestados dijeron que han sido víctimas o conocen casos de corrupción.
Transparencia en el marco de la pandemia
El estudio cuestiona si ha sido víctima o conoce sobre algún caso de corrupción en el marco de la pandemia de COVID-19; a lo que un 3.30% manifestó que sí ha sido víctima, 45.30% que no lo ha sido; asimismo, el 13.00% dijo que sí ha sabido de casos y un 38.40% no se ha enterado.
En cuanto a los programas de Gobierno como el subsidio de $300 a familias afectadas por las medidas de restricción de movilidad y las canastas solidarias, un 37.66% de la población duda de la transparencia en su realización.
De este, un 16.58% asevera que el Ejecutivo no ha sido transparente; el 21.08% que ha sido poco transparente y el 62.34% que sí lo ha sido.
Conforme a esta pregunta, el Centro de Estudios manifestó que se hicieron cruces de variables considerando aspectos de escolarización y formación académica.
«La gente con menor escolaridad tiende a ser más confiada y personas con más estudios tienden a señalar los fenómenos de corrupción, posiblemente estén más informados o sean lectores», señalaron.
Esto revela el estudio
Hay tres segmentos poblacionales muy marcados en este análisis: los que han cursado hasta bachillerato técnico y estudios hasta tercer grado manifiestan que, sí ha habido transparencia; los de noveno grado, bachillerato general y técnicos universitarios opinan que ha existido poca transparencia, los que poseen un profesorado o con carrera universitaria opinan que el gobierno no ha sido transparente en el proceso.
Tomando en cuenta que el segmento poblacional que tradicionalmente ha apoyado a Nayib Bukele ha sido el de 18 y 29 años, este resultado es revelador porque es el segmento poblacional que manifiesta que ha sido poco transparente; las personas entre 30 y 55 años opinan que ha sido transparente; mientras que las personas mayores de 65 años manifiestan que no ha sido transparente, esto puede estar ligado al hecho de ser el segmento poblacional más necesitado y al no recibir la ayuda a tiempo se sienten frustrados.
Los que no han sido víctimas de casos de corrupción o no han sabido de casos, en esta pandemia, manifiestan que el proceso ha sido transparente; por otro lado, se podría asociar que los que han sido víctimas, son los que opinan que todo el manejo de la pandemia ha sido poco transparente. Finalmente, los que conocen de casos de corrupción opinan que el proceso no ha sido transparente.
