Comité de veeduría de los $2 mil millones tendrá apoyo del IAIP y toda la información del manejo de fondos no tendrá reserva

Con 49 votos, la Asamblea Legislativa aceptó parcialmente las observaciones del Presidente de la República, Nayib Bukele, a las reformas del decreto 608 relativo al Comité de Veeduría de los $2,000 millones para atender la pandemia de COVID-19.

Una de estas observaciones y que fue aceptada por los diputados fue sobre la renuncia de una de las instituciones integrantes de referido comité, debido a sus estatutos, es la Asociación de Auditores Independientes de El Salvador (AIDES).

Por lo que los legisladores decidieron que en su lugar se dará la apertura para que los gremios de la contaduría pública y auditoría legalmente constituidos nombren un representante.

Los demás participantes se mantienten, que son un representante de las instituciones: Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Universidad de El Salvador (UES), Universidad Francisco Gavidia (UFG) y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

La segunda observación es sobre la participación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), donde el Presidente señaló que por la imparcialidad de la institución recomienda que no forme parte del Comité de seguimiento y veeduría.

Los parlamentarios consideraron que al establecer en el decreto que el IAIP solo fungirá como apoyo al comité, mas no como parte de este, no afecta su rol institucional, por lo que esta observación no fue aceptada.

Asimismo, el tercer elemento observado no se tomó en cuenta, pues es relativo a la información que debe rendir el Comité del Fondo de Emergencia formado por los Ministros de Salud, Hacienda, Economía, Turismo, Obras Públicas y el Secretario Privado de la Presidencia.

El Presidente solicitó que en lugar que este tenga que dar toda la información sin reserva, se tomen los criterios de información que fija la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en las clasificaciones de: oficiosa, reservada o confidencial.

Ante esta observación, los diputados consideraron que por tratarse de fondos públicos es información pública, por lo que no debe ser reservada.