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La Fiscalía General de la República (FGR) presentó a la prensa los detalles de la investigación del caso de la Presa Hidroeléctrica El Chaparral, la acusación formal se presenta este viernes ante el Juzgado Noveno de Instrucción, ante la finalización del plazo otorgado.
En este caso se acusa al expresidente Mauricio Funes, al ex presidente de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) José Leopoldo Samour, al empresario José Miguel Antonio Meléndez, mejor conocido como Mecafé, a Ada Mitchell Guzmán Sigüenza (pareja de Funes) y José Efraín Quinteros como los responsables de desviar $50 millones del proceso de construcción de la Presa a cuentas de Funes.
Los delitos que se imputan son peculado, lavado de dinero y activos, así como agrupaciones ilícitas.
El Fiscal General, Raúl Melara, lo denominó como un «entramado criminal» dirigido por el exmandatario, que debido a que se le fue otorgada la nacionalidad de nicaragüense, «la ley impide que el proceso se siga contra él, pero no de los demás imputados».
De acuerdo con el Fiscal, en la investigación se analizó y depuró la prueba ofrecida al inicio del caso, por lo que la acusación cuenta con 34 experticias, 112 evidencias, 1,252 documentos analizados y tiene 70 testigos que acreditan el hecho.
Detalles del caso
Por su parte, German García Arriaza uno de los fiscales del caso, explicó cómo se habrían llevado a los hechos, de los que afirmó «había una planificación para cometer delitos».
El 26 septiembre 2008 se realizó la contratación entre CEL y la empresa ASTALDI para el proyecto denominado construcción de la Presa Hidroeléctrica El Chaparral, que se encuentra ubicada en San Luis La Reina, departamento de San Miguel.
Este contrato por $219,900,509 se realizó en la modalidad de «llave en mano», lo que indica que no hay alteración del precio ni en el período de construcción, pero cualquier prejuicio en el desarrollo del proyecto debe ser cubierto por el contratista.
Sin embargo, ya en el periodo presidencial de Mauricio Funes, la empresa constructora presentó a CEL argumentos en el que señalaban imprevistos, como movimientos geológicos y del cauce del río, con lo que se pretendía justificar un incremento o ajuste del precio del contrato.
El 22 de agosto de 2010, CEL contrata a la firma legal internacional CURTIS, MALLET-PREVOST, COL & MOSTLE, S.C., expertos en arbitrajes internacionales, con el objetivo de prevenir un posible litigio con la empresa ASTALDI, quienes recomiendan un peritaje común técnico para verificar las situaciones geológicas planteadas.
Luego, CEL contrata a NOVOTEC para este peritaje, donde se emitió un dictamen técnico que sustenta las argumentaciones ante realizar el arbitraje; sin embargo, José Miguel Antonio Menéndez “Mecafé”, ordenó a los asesores legales locales buscar un arreglo con ASTALDI y evitar el arbitraje.
En 2011 con el nuevo nombramiento de Leopoldo Samur como presidente de CEL, se ejecuta la orden de llegar a un acuerdo con la empresa, donde se pagó el monto de la obra ejecutada hasta el momento; es decir, $65,255,582; más 45 millones de dólares, que la FGR advierte no existía un fundamento legal. En total fueron $108,500,000 de desembolso.
Con Funes y Mecafé mueven dinero a Roma, Italia, y luego a Honduras y Venezuela donde tiene cuentas con ASTALDI, y con otras firmas representadas por esta empresa.
En 2012, Mecafé y Samur viajan a Panamá y adquieren dos «sociedades fachadas» que serían utilizadas para recibir las dádivas o retribuciones que entregó ASTALDI al expresidente Funes y Menéndez por el arreglo directo que benefició a la empresa por los más de $45 millones.
Mediante el acuerdo gestionado por Samur, la empresa entregaría 3.5 millones a las sociedades.
Para ejecutar los desembolsos, Mecafé y Pieragostini, representante de ASTALDI, y el testigo clave “Mateo”, elaboraron contratos falsos donde simulaban el pago o retribución de servicios supuestamente brindados por ambas sociedades, que según la acusación fiscal, eran manejadas por Funes.
Luego, parte de estos fondos fueron utilizados para la construcción y funcionamiento de la franquicia de sociedades Latin America Spas, contruyéndose en El Salvador, Panamá y Suiza, propiedad de Funes, administrado por Ada Mitchell Guzmán.
