El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Apolonio Tobar solicitó a las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección General de Centros Penales, un informe de la evaluación que definió la apertura del Centro Penal de Cojutepeque, que había sido clausurado en 2016.
El jefe del ministerio público, pidió que se detallen los criterios económicos, sociales y culturales, que llevaron a las autoridades a disponer nuevamente de este recinto. Y además si en el documento se advirtiera sobre las condiciones de infraestructura y la ubicación.
Según la información, alrededor de 86 reclusos, entre pacientes terminales, crónicos; y beneficiarios del Programa Yo Cambio, fueron trasladados para prevenir contagios de COVID-19, de otros penales.
Una sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional el 27 de mayo de 2016, señaló que algunas cárceles no cumplen con las condiciones humanas para recibir reos, además, se volvía “tema de derechos humanos” el creciente hacinamiento, escasez de agua potable, ausente ventilación e iluminación; e instalaciones deportivas, recreativas y sanitarias.
Además, los residentes de Cojutepeque, en el Departamento de Cuscatlán, sufrieron los embates producto de los amotinamientos, homicidios, fugas de privados de libertad a casas aledañas- Por lo que la Sala ordenó el cierre definitivo.
La Alcaldesa Lili Bello manifestó que como la sede municipal colinda con el centro penitenciario, y por ende, cerca de centros educativos, hogares y comercios, perjudicaba el desarrollo de la zona por los bloqueos de señal telefónica e internet, y el cierre de calles aledañas.
Apolonio Tobar pidió a las autoridades conformar una mesa de diálogo con la Alcaldía de Cojutepeque, Policía Nacional Civil y autoridades de Salud, para discutir una alternativa a la apertura del penal.
La ley penitenciaria establece que todo nuevo centro penitenciario (lo que incluye a Cojutepeque, ya que se encontraba clausurado), deberá encontrarse en zonas en las que no haya existencia de infraestructura habitacional o comercial.
“Por ello, con la apertura del citado centro penal, se está contraviniendo la Ley Penitenciaria y el desenvolvimiento de la sociedad Cojutepecana”, indicó Tobar.
