Incautan bienes a Carlos Perla, el ex funcionario de ANDA que pagó una condena por corrupción

La Fiscalía General de la República, FGR, dirigió este jueves una serie de procedimientos para materializar 7 inmuebles, que a la fecha figuran como propietarios el ex presidente de ANDA, Carlos Augusto Perla y otras personas vinculadas a este exfuncionario, quien cumplió condena en prisión por hechos de corrupción.

Los bienes están a nombre de Perla, su hijo, Carlos Gerardo Perla Chávez y del ex gerente general de la autónoma, José Mario Orellana Andrade.

Las propiedades que este día se materializaron están ubicadas en Ilopango, Miralvalle y Mejicanos, en San Salvador, así como en la Urbanización Las Palmeras en Santa Tecla, departamento de La Libertad; en San Luis Talpa, La Paz y un rancho de playa en Sonsonate.

El jefe de esa Unidad Especializada, Víctor García, dijo que las investigaciones desarrolladas por la FGR han determinado que estos bienes tienen un origen ilícito y por lo cual con la materialización, se inició el correspondiente proceso ante el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio, con el fin de despojarles de estas propiedades y transferirlas a favor del Estado.

Los inmuebles tienen valores estimados en $17,142.; $60,000; 120,000 y hasta los $194,285.71, por lo que el monto total suma la cantidad de $941,428.56.

Las propiedades intervenidas son administradas desde hoy, por el Consejo Nacional de Administración de Bienes, CONAB.

El Ministerio Público apunta que ya fue vinculado a actividades ilícitas relacionadas a los delitos de corrupción en los años 1994 a 2002, por su condena por los delitos de Peculado y Negociaciones Ilícitas.

El Juzgado 1° de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador otorgó la libertad de Perla el 28 de enero pasado, al cumplir la condena de 15 años de cárcel que le fue impuesta.

La investigación señalaba que el expresidente de ANDA, se había aprovechado de su cargo para obtener beneficios económicos. Los jueces determinaron que Perla favoreció a la empresa SETERS con contratos de licitaciones a cambio de recibir sobornos. Ese negocio, según la investigación fiscal, le dejó “ganancias” de 8.7 millones de dólares.

Para consumar la transacción, abrió cuentas en bancos a nombre de sus familiares. Ahí depositaba el dinero que provenía de SETERS.

El 27 de septiembre pasado, el Ministerio Público incautó otras tres propiedades al ex funcionario, que se encontraban en las colonias Escalón y San Francisco de San Salvador y un rancho de Playa en Sonsonate.