Las pruebas de cargo y descargo junto a los alegatos de las partes fueron presentados este viernes en la Comisión Especial de Antejuicio contra el Viceministro de Seguridad, Mauricio Arriaza Chicas, también Director de la Policía Nacional Civil (PNC) por posible cometimiento del delito de incumplimiento de deberes.
De acuerdo con la petición de desafuero de la Fiscalía General de la República (FGR) para procesar al funcionario, el incumplimiento se refiere a la orden que giró el Parlamento para llevar por apremio al Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, por su cuarta falta a la Comisión Especial que investiga el manejo de fondos del Ejecutivo en el marco de la pandemia; Arriaza Chicas no cumplió con la orden; misma que los legisladores fundamentaron en el artículo 132 de la Constitución de la República.
Fuero impedía apremio, dice defensa
Los abogados de la defensa argumentaron las razones por las que el director de la corporación policial no habría cumplido con la orden de apremio.
Dentro de estas, aseguran que la Asamblea Legislativa no cumplió con el debido proceso del apremio, pues aseguran que no se notificó al titular de Hacienda, como persona citada, que debía comparecer y se advierte que de no hacerlo será obligado por medio de las fuerzas de seguridad.
No obstante, expusieron que Arriaza Chicas, como parte de sus deberes, envió una nota al Ministro y asignó a personal para localizar y obligar su comparecencia a la comisión, no dando con su ubicación en su lugar de residencia ni en el Ministerio de Hacienda.
Ese 2 de octubre, día que debía comparecer bajo apremio, Zelaya asistió a la revisión de avance de obras en el parque Eólico Ventus.
Además, establecieron que el apercibimiento de apremio no se aplica para personas bajo fuero constitucional; es decir, funcionarios como ministros.
También señalaron que la orden de apremio era ilícita, ya que diputados habrían cometido falsedad documental al suscribir que el titular de Hacienda no se justificó por las inasistencias, pero las cuatro notas presentadas por Zelaya no fueron inadmitidas y aseveran que esto configura delito.
