En la lectura de su resolución, el Juez Quinto de Paz de San Salvador estableció este miércoles el sobreseimiento definitivo a favor del Director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, acusado de Incumplimiento de Deberes.
Al Director policial se le acusaba de negarse a conducir por apremio al Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, que investiga la obtención de recursos para enfrentar al COVID-19.
Sin embargo, el juzgado determinó que el proceso que promovieron los parlamentarios carecía de legalidad, pues no justificaron la orden de apremio y no se formuló correctamente la causa para llevar a Zelaya bajo esta condición, esto quedó constatado en actas que elaboró la propia Comisión Especial.
Nunca existió una advertencia «específica y objetiva de esa instancia», por no asistir a la Comisión Especial, señaló el juzgador. Pero sí hizo una advertencia a Arriaza Chicas, de que las órdenes de apremio son obligatorias: «Si la Asamblea hubiera cumplido con los requisitos del proceso probablemente mi decisión sería otra. Esto no es un cheque en blanco para que no asista a las comisiones de la Asamblea o para que no obedezca órdenes».
«Usted está sometido al Gobierno de las leyes, no al Gobierno de los hombres…no vivimos en una monarquía…», reprendió a Arriaza Chicas.
El representante de la Fiscalía General de la República (FGR), manifestó que los argumentos del juez iban inclinados a que los Diputados no lograron fundamentar el apremio. Además no descartó presentar una apelación, pero dependerá hasta leer la resolución en firme, la cual será entregada el 6 de enero.
La @FGR_SV estudiará la resolución dictada por el Juez 5° de Paz de San Salvador, para después valorar si interpone un recurso de apelación, esto tras sobreseer al Director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas. @omaradioyskl pic.twitter.com/PzJ6P3Lugx
— Radio YSKL (@radioyskl) December 23, 2020
“La decisión del juez no se fundamenta por la actuación del imputado, sino en la actuación de la Asamblea, en la forma de proceder al apremio”, señaló.
En las primeras declaraciones a la prensa, Arriaza Chicas afirmó que estaba confiado que el caso pasara a buen puerto. “Algunos piensan que estamos en el siglo pasado, donde existía ‘el imperio del hombre’, y ahora estamos bajo el derecho constitucional…estamos hablando de las atribuciones de los diferentes Órganos de Estado. Y las actuaciones de la Policía, han sido profesionales, con estricto apego a los derechos humanos”, enfatizó.
"Yo le pedí a Dios un juicio justo, un juez transparente…y gracias a Dios, esta victoria jurídica para el pueblo salvadoreño…", dice Mauricio Arriaza Chicas tras conocer la resolución que lo sobresee de Incumplimiento de Deberes.@omaradioyskl pic.twitter.com/IolqmhJrEz
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Arriaza Chicas recibió la orden de los legisladores de llevar a Zelaya a la Comisión que investiga la emisión de Letras del Tesoro (Letes), bonos y títulos valores, emitidos por el Gobierno salvadoreño dentro de la emergencia por el coronavirus, luego de que no acudiera a cuatro citatorios que emitió esta instancia.
El 2 de septiembre se emitió convocatoria al ministro Zelaya para que se presentara ante esa Comisión el 9 de septiembre, a las 11:00 a.m. y le solicitaron un informe detallado sobre toda la colocación de deuda, ya sea de corto o largo plazo, en el período del mes de marzo a agosto de 2020. En respuesta a esa convocatoria, Zelaya remitió una nota excusándose de no asistir por tener otros compromisos.
Por tal razón, la Comisión Especial le hizo otra cita para el 16 de ese mismo mes, pero el ministro de Hacienda volvió a justificar su incomparecencia por una reunión ya programada. La Comisión emite dos citas más pero el ministro Zelaya, de igual forma, emitió escritos en los que expresó tener saturada la agenda. En el tercer citatorio, el ministro solicitó una prórroga de 15 días hábiles para entregar el informe solicitado debido a que lo estaban preparando con su equipo.
No obstante, el director policial sostuvo desde el inicio de la certificación que enviaron los Diputados a la FGR, que la orden carecía de fundamento, ya que se trataba de un Ministro que, por ley, cuenta con fuero constitucional. Además argumentó que el funcionario se encontraba elaborando el presupuesto general de la nación 2021, y por ello no podía asistir.



















