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Los diputados de la «Comisión Especial para investigar las sistemáticas acciones irregulares del Ejecutivo, afectando el tratamiento y combate de la pandemia» cuestionaron al Ministro de Salud, Francisco Alabí, por declarar como información reservada la documentación relacionada a las pruebas COVID-19 generados por el Laboratorio Nacional que da referido procesamiento.
De acuerdo con el índice de información reservada de la cartera de Estado, este acuerdo del despacho ministerial emanó el pasado 11 de junio; reserva que durará por dos años; es decir, hasta el 11 de junio de 2022.
Por lo tanto, no se podrá solicitar información sobre mecanismos de toma, procesamiento y divulgación de los resultados de las pruebas.
Alabí respondió que se realizó por seguridad de la población y por el estigma cuando se da a conocer que son positivos al virus o que ya se recuperaron.
Según el titular de Salud, corresponde a la privacidad de los pacientes, poniendo el ejemplo del Virus de Inmunodeficiencia Humano (VIH).
Además, aseveraron que la duda con la reserva de información no es de carácter cualitativo; es decir, conocer los nombres de las personas, sino cuantitativo.
«La información ha caído en manos inadecuadas y ha traído estigmatización», indicó Alabí.
Ante esta respuesta, los legisladores cuestionaron que se trate de un tema de seguridad cuando el Gobierno anunció que entregaría carnet de inmunidad para personas recuperadas de COVID-19.
«Dicen que por seguridad y luego dicen que darán un carnet», indicó Julio Fabián de ARENA.
El Ministro manifestó que obtener el carnet de inmunidad no era obligatorio, sino voluntario por los recuperados.
El carnet se comenzó a implementar el 23 de agosto de 2020; además, con este documento se realizarán contrataciones por parte del Gobierno para que sean personas aptas para repartir las canastas alimentarias y los kits de medicamentos casa por casa, con la remuneración de $500.
Carnet de inmunidad se implementará a partir del 23 de agosto
«Les iban a dar trabajos con empaque y distribución de medicamentos, ¿qué pasó con el proyecto?», cuestionó Emilio Corea, ya que uno de los que recibió este carnet acudió a la comisión meses previos y testificó que no le dieron empleo.
Por su parte, el funcionario de Salud expuso que la intermitencia de los resultados de las pruebas son incluso hasta 90 días después de la enfermedad; es decir, la inmunidad no es permanente, lo que aún no estaba confirmado en el tiempo que se implementó la estrategia.
«¿Cuántos fueron contratados y el monto?», preguntó Corea.
«No fui yo la institución que contrató, no es responsabilidad de mi cartera de Estado», respondió Alabí y dijo que no podía revelar qué dependencia lo realizó.
