El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Olivo, se refirió a las razones por las que el colegiado no votó a favor a la auditoría internacional que propuso la Presidenta Dora Martínez, y es que habría sido fuera de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), según manifestó.
Además, Olivo destacó que no existe una partida presupuestaria en el TSE para costear una auditoría internacional, debido a que el Tribunal tuvo una reducción presupuestaria.
Asimismo, expuso que a la empresa privada internacional que cobraría $19,000 dólares bajo la propuesta de Martínez, se le entregaría el código fuente y credenciales de acceso de todos los perfiles de la aplicación, «lo que implicaría entregar la soberanía del TSE».
De acuerdo con el funcionario, la Presidenta del Tribunal pretendía «obligar a los magistrados a votar por una empresa que prácticamente se sacó de la manga de la camisa».
«Casi la quiere hacer de gratis. Preguntémonos ¿por qué?», señaló Olivo.
También apuntó que la propuesta de la Presidenta no era viable, pues no siguió con los lineamientos de la LACAP y su reglamento.
«Se estaría violando los artículos 47, 48 Y 49 de la LACAP porque, si revisan su cuenta de Twitter, ella misma ha gestionado una auditoría internacional, hoy por la tarde recibirá las ofertas. La presidenta no tiene facultades como funcionaria pública para recibir ofertas, hay condiciones y la ley Lacap ya señala los procedimientos. Por eso no votamos por la propuesta”, agregó.
