Colectivos feministas rechazan el aborto y piden al Estado medidas para erradicar la discriminación a mujeres

Colectivo de Mujeres de AGEPYM llegaron a la Aasmblea a pedir a los Diputados no despenalizar el aborto y garantizar políticas de protección a las mujeres en los entornos laborales
Colectivo de Mujeres de AGEPYM llegaron a la Aasmblea a pedir a los Diputados no despenalizar el aborto y garantizar políticas de protección a las mujeres en los entornos laborales

El Comité de Mujeres de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM) acudieron este lunes a la Asamblea Legislativa, para solicitar a los Diputados no aprobar una iniciativa que promueva la despenalización del aborto.

Emilia De Paz, explicó que el protocolo de acción presentado en el Congreso busca comprometer a los parlamentarios a impulsar medidas que garanticen la no aprobación de dicha ley.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la dirigente manifestó que esta asociación es provida, y está en contra de quitar la vida a seres no natos; asimismo ratificó que desaprueban todo acto vandálico, ejemplificando lo ocurrido en una concentración de organizaciones feministas en la Plaza Barrios, el pasado 7 de marzo.

Asimismo, solicitaron a los legisladores emitir un dictamen recomendable al Gobierno, para que active la vigencia de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación en Contra de las Mujeres en los lugares de trabajo, ya que, hasta este día, persisten los casos de acoso laboral.

Dicha legislación obliga al Estado a elaborar una política de tratamiento y prevención contra casos de violencia contra la mujer; el principal rector de esta iniciativa, aprobada el 17 de marzo del 2011, es el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU.

El gobierno, a través del ISDEMU, aprobará en cada período administrativo, un Plan Nacional que exprese y desarrolle de manera global y coordinada, los lineamientos de la política gubernamental y la estrategia general que en materia de igualdad y combate a la discriminación, se deba aplicar a los objetivos y acciones que orientarán la actividad de las instituciones del Estado.

Además, obliga a los gobiernos locales (Alcaldías) elaborar sus propios planes de igualdad dentro del marco de los lineamientos y objetivos del plan nacional.

Cada entidad debe garantizar la aplicación de esta política con la debida asignación de los recursos financieros y administrativos necesarios.

“Como bien sabemos, esta ley está en vigencia, pero en los centros de trabajo todavía se siguen dando casos de violencia contra la mujer (…) nosotros hacemos el llamado a la Asamblea para que se acelere estas políticas de protección a la dignidad de la mujer, están incrementando los casos, y vemos que quedan impunes, ante la falta de un protocolo de acción por parte de las instituciones”, ahondó.

La violencia de género también atañe a menores de edad: según datos de la Fiscalía General de la República (FGR) entre enero a diciembre del 2020, se recibieron 1,428 denuncias de violencia intrafamiliar, de estas, 1,275 son de mujeres, que equivale a 89.29%.

En cuanto a feminicidios, hubo 130 muertes violentas de mujeres en el mismo período.