La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el recurso de habeas corpus contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que se identifican como parte de la Subdelegación de Zaragoza, La Libertad; por acoso a trabajadores de un colegio de la localidad.
De acuerdo con el recurso presentado, desde el año 2017 elementos de la PNC acosa a personal administrativo y maestros del centro educativo.
«Tres agentes que portan gorro “navarone” y armas de fuego y que manifiestan pertenecer a la subdelegación ya relacionada, llegan a las instalaciones de la fundación y amenazan al señor AV y demás personal, diciéndoles que los van a “golpear y capturar”, así como procesar penalmente, pues la institución en la que laboran da becas a hijos de pandilleros», indicó la representación de los afectados al Máximo Tribunal.
Asimismo, expusieron que los agentes también bajan del transporte público y privado que posee el colegio a sus trabajadores, siendo objeto de registros constantes, así como toma de fotografías y verificación de placas de vehículos.
El habeas corpus protege el derecho a la libertad, por lo que exponen a la Sala que se les viola este mismo, así como su derecho a la seguridad, a la libre circulación; razón por la que solicitaron que el Jefe de la Subdelegación de la PNC de Zaragoza ordene a sus elementos policiales se abstengan de acosar, amedrentar y realizar actos de intimidación.
Como parte de los trámites en el recurso, la instancia judicial había ordenado que la sede de la Policía informara sobre sus actuaciones, pero detallaron que no existe registro de haberse ordenado ninguna actividad de vigilancia, seguimiento, requisas, o registros en contra de los trabajadores del instituto de educación en Zaragoza.
Además, se contó con el testimonio de tres de los afectados, quienes manifestaron que el acoso era casi a diario desde el 2017.
Por lo que el Tribunal resolvió ordenar el cese inmediato de las injerencias contra el personal del colegio y la Subdelegación deberá adoptar medidas para el cumplimiento de la orden, de los que rendirá un informe.
Así también, el expediente será de conocimiento del Fiscal General de la República, Raúl Melara; el Director General de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, y la Inspectoría General de Seguridad Pública, para que investiguen la posible comisión de delitos o faltas por parte de agentes policiales; quienes en un máximo de seis meses tendrán que informar sobre el estado de estas.
